Fiscalía ordenó a la PDI ubicar y tomar declaración a Rodrigo Rojas

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación sobre Rodrigo Rojas Vade (Pueblo Constituyente, ex La Lista del Pueblo), quien confesó el fin de semana que no tenía cáncer, enfermedad que usó como bandera de campaña para ascender a la Convención Constitucional.

Luego de que la mesa directiva del órgano ciudadano remitiera los antecedentes de eventuales delitos cometidos por "Pelao Vade", quien dio cuenta falsamente de una deuda por un crédito de consumo por la suma de 27 millones de pesos por tratamientos oncológicos en su declaración de intereses y patrimonio, la causa fue asignada al fiscal jefe Patricio Cooper, quien ordenó las primeras diligencias a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI).

En la orden de investigar que llegó a manos de los detectives, el persecutor les pidió interrogar como imputado a Rojas, cuyo paradero, hasta ahora, es desconocido.

Junto con esto, el fiscal solicitó a los policías que tomen declaración, aunque como testigos, a Elisa Loncon -presidenta de la mesa de la convención- y a Jaime Bassa -vicepresidente-, quienes aparecen firmando el documento que permitió la apertura de esta causa criminal.

Así, Cooper busca acceder a todos los antecedentes respecto de la declaración de intereses y patrimonio, junto con cualquier otra información que tenga relación a la postulación de Rojas como convencional.

En la orden también se pide a los policías investigar las atenciones médicas que ha recibido el constituyente como usuario del sistema de salud, con el objetivo de reconstruir su historial médico.

"Estamos a entera disposición para colaborar"

Ante esta situación, Loncon afirmó este martes que "queremos comunicarles a los medios y a la ciudadanía que la Convención y nosotros como mesa directiva, agradecemos de que se haya tomado el caso que pusimos ayer al Ministerio Público y manifestamos nuestra entera disposición para colaborar con el proceso".

La líder del organismo constitucional aseguró que hasta el momento no han recibido de forma oficial la citación a declarar en el caso del constituyente Rojas Vade.

En esta línea, Bassa aseguró que "por parte nuestra no hemos sido notificados todavía de esta diligencia. Ciertamente vamos a prestar toda nuestra colaboración, como señalamos desde ya en el comunicado del domingo, que vamos a estar plenamente disponibles para entregar toda la información que nosotros tenemos, de las cuales podamos disponer a los organismos respectivos".

"Hay un procedimiento, hay una división interna de esta investigación que está vinculada, por ejemplo, con la Comisión de Ética. Esta tarde la mesa ampliada decidió remitir lo antecedentes a la Comisión de Ética y al mismo tiempo hay una dimensión externa que se está investigando en este momento con la Fiscalía", puntualizó el representante del órgano convencional.

Es por esto que el vicepresidente de la Convención explicó que "nosotros vamos a tener ciertamente la mejor disposición de colaborar, para esclarecer los antecedentes y para darle también tranquilidad a la ciudadanía respecto al trabajo que estamos haciendo. Como dijimos ayer, no va a haber defensa corporativa, sino que nos vamos a poner al servicio de la investigación penal".

Sobre si este hecho deja una mala imagen al proceso constituye, Bassa señaló que "creo que no, sabemos que pasamos por un momento difícil, no queremos desmerecer la gravedad de la situación que estamos viviendo, pero sabemos que nuestro mandato popular va mucho más allá de lo que ocurre con un constituyente en particular".

"A pesar de las dificultades vamos a seguir trabajando igual, porque tenemos un mandato y una responsabilidad que cumplir de cara a la ciudadanía", puntualizó.

Por esta mentira denunciada por el propio Rodrigo Rojas Vade, que podría constituir el delito de perjurio en su declaración de patrimonio e intereses, se están barajando alternativas para que renuncie efectivamente.

Lo anterior podría darse mediante la vía judicial, a través de un desafuero, o también con una reforma constitucional que le permita la renuncia voluntaria, idea impulsada por parlamentarios de Renovación Nacional y que no ha conseguido un consenso transversal. 

Además, en noviembre será formalizado por desordenes, cuasa por la que podría optar a una salida alternativa.