Víctimas de Violencia Rural critican al Gobierno y acusan que "no asume su responsabilidad"

La Asociación de Víctimas de Violencia Rural lamentó este sábado que la Contraloría General de la República declarara inconstitucional el sumar a las Fuerzas Armadas a las labores de orden público en la macrozona sur, aunque aseguró que el Gobierno "se escuda" en esta situación para no admitir que no tiene control de la violencia en las regiones.

El decreto del Ministerio del Interior que disponía la colaboración militar en cuatro provincias del Biobío y La Araucanía "no resulta procedente", determinó el organismo el pasado jueves.

Ante esto, Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural en La Araucanía, afirmó que "se ha criticado bastante la resolución de la Contraloría en función de no aprobar el decreto presidencial que indicaba que las Fuerzas Armadas podían seguir cumpliendo rol de custodia... (pero) creo que aquí el Gobierno se está escudando en este decreto para no asumir su responsabilidad".

"Es el Gobierno el que tiene el control de la fuerza y no ha sido capaz de ejercerla para terminar con el terrorismo en la región", puntualizó Apraiz sobre el actuar del Ejecutivo en la materia.

Por su parte, el coordinador de seguridad para la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, anunció que el Gobierno está evaluando acudir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la decisión de la Contraloría.