Arica: Sujeto fue condenado a cinco años de cárcel por tráfico de migrantes
En octubre de 2020, Gustavo Antonio Rosario Javier cobró 850 dólares a venezolanos para ingresarlos ilegalmente a Chile.
En el grupo -que fue contactado en Tacna y cruzó la frontera de madrugada- había dos niños y una mujer embarazada.
Los migrantes fueron conducidos a Chile hacia el sector de Pampa Concordia, a la altura del hito 15, en la frontera con Perú.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó este martes a un sujeto llamado Gustavo Antonio Rosario Javier a cinco años y un día de cárcel por el delito de tráfico agravado de migrantes.
En un fallo unánime, el tribunal dio por acreditado que el individuo, de 30 años, nacido en República Dominicana y "también con nacionalidad colombiana", operó en los días previos al 3 de octubre de 2020 junto a dos cómplices venezolanos (Rafael José Peña Linares y Franki José Riko López) y taxistas de la ciudad peruana de Tacna.
Allí, "ofrecieron a personas de nacionalidad venezolana sin residencia en Chile ser ingresados ilegalmente a territorio nacional, previo pago de una suma de dinero" que ascendió a 850 dólares; unos 700 mil pesos chilenos al día de hoy.
Hecho esto, Gustavo Rosario y sus cómplices "trasladaron en taxis a 10 migrantes a un sector cercano al complejo Santa Rosa, en la frontera de Perú con Chile, quedando el acusado y los otros sujetos con la tarea de llevar a las víctimas a Chile por un paso no habilitado", afirma la resolución.
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— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 12, 2021
"El cruce fue iniciado en la madrugada del 3 de octubre de 2020, caminando e ingresando (el grupo) al país por el Hito 17, cruzando la Quebrada Escritos para llegar al sector de Pampa Concordia, a la altura del hito 15, siendo divisados por personal del Ejército que estaba en el lugar, quienes denunciaron estos hechos a Carabineros de Chile, logrando sus detenciones a las 6:00 de la madrugada aproximadamente", se relata: dentro del grupo había dos niños, de seis y 11 años de edad, y una mujer embarazada.
El fallo resalta "que fue el acusado quien cobró y recibió el dinero pagado por las víctimas", y además "ordenó a los migrantes borrar cualquier mensaje relativo a los hechos en sus teléfonos celulares", para que no quedaran pruebas de su delito.