España se divide ante promesa de abolir la prostitución

La prostitución regresó a la agenda política española luego que el presidente español, Pedro Sánchez, prometiera abolirla en el contexto del 40° Congreso Federal del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Tras este anuncio grupos abolicionistas piden una ley integral, esto debido a que en España no está prohibida la práctica si es que son adultos quienes la ejercen con consentimiento, con la salvedad de ser la explotación sexual de un tercero, de un menor de edad, o de personas con discapacidad mental.

LA PROSTITUCIÓN EN ESPAÑA

Este país es el principal consumidor de prostitución en Europa y el tercero del mundo, una actividad que mueve cerca de 18.000 millones de euros (17.050.558 millones de pesos) anuales en el país, donde entre el 20 y el 40 por ciento de los hombres reconoce haber pagado por sexo, según datos del observatorio internacional de lucha contra la prostitución "Fundación Scelles".

Esta negocio lucrativo involucra a entre 300.000 y 500.000 mujeres, según las estimaciones más altas, y donde una inmensa mayoría de ellas es víctima de trata por parte de la mafia o proxenetas, de acuerdo a los informes del observatorio.

De aprobarse la abolición, España seguiría el modelo de sueco, cuya legislación al respecto incluye medidas como multas a quienes sean clientes.

De momento el primer bache en el camino se encuentra dentro del propio gobierno. Los partidarios de Pedro Sánchez no ven viable sacar adelante la propuesta de ley, y apuestan por fortalecer la educación como medida de mitigación del consumo, prefieren no multar a los clientes.

EL CAMINO A LA ABOLICIÓN

Desde hace décadas colectivos han pedido una ley integral para acabar con la prostitución y que se persiga a los proxenetas, se acabe con la trata y proteja a las mujeres, donde una medida sería ofrecer cupos laborales.

Entre ellos se encuentra la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), que demanda una "política abolicionista" que de "alternativas" a estas mujeres con "programas integrales especializados que vayan desde la detección a la completa inserción".

"Necesitamos un texto legal, herramientas para que ninguna mujer sea mercantilizada, porque no se puede comprar y vender a mujeres y niñas y tratarlas como mera mercancía", declaró la directora de Apramp, Rocío Mora.

Mora critica que hasta ahora no exista dicha ley a pesar de un largo debate que ha dejado "conclusiones, aportes de expertos y cifras claras".

"España ha evolucionado mucho, pero tiene algo pendiente, una ley integral" que contemple "una prevención afectivo sexual con modelos que eduquen a nuestros jóvenes para que no sean potenciales puteros en un futuro" o "trabajar para buscar" a las víctimas y no dejar "la responsabilidad de la denuncia en la espalda de las mujeres", explica.

LA DIVISIÓN

Mora dijo que "todos los partidos tienen que llegar a un acuerdo" para lograr una ley integral y critica que "muchas" agrupaciones que no hayan entrado al debate.

En esa línea, insistió que "hay que legislar, debatir entre prohibir, legislar o abolir es perder el tiempo, para acabar con todo esto tenemos que penalizar todas las formas de proxenetismo para que nadie pueda abrir un sitio y tener esclavizadas a las mujeres".

La directora de Apramp señaló al modelo de Suecia como sistema a imitar, donde según datos oficiales se redujo drásticamente el número de clientes así como el de prostitutas, penalizando a los clientes y tratando a las mujeres prostituidas como víctimas y no como delincuentes.

"Sin demanda no hay oferta", zanjó Mora.

Por otra parte el sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS tildó la propuesta de "unilateral" ya que, según denuncian, el Partido Socialista la presentó sin hablar con los colectivos contrarios a esta política.

"Se están equivocando de pleno, me parece catastrófico para nuestro colectivo, es una amenaza y un chantaje: o desistís en vuestra principal fuente de ingresos o vamos a por vosotras", comentó Belén, secretaria de organización.

Para el sindicato, el sistema sueco que multa a los clientes, "no funciona" y que aunque "quede muy bonito para fuera" es "una forma soterrada" de "persuadir y poner en peligro" a estas mujeres: "si multas al cliente le estás dando el poder, porque te puede decir que él corre riesgo y exigirte más cosas, precios irrisorios o prácticas que no harías de otra manera".

Para ellas, esta medida "no tendrá el apoyo de la sociedad" y confían en que lo largo del trámite parlamentario se impida su aprobación: "la prostitución no va a dejar de existir, lo único que hacen es hacerla más clandestina".