Colegio de Profesores pide a parlamentarios rechazar veto a la Ley de Estatuto Docente
"Es lo que corresponde", dijo Mario Aguilar, presidente regional metropolitano del gremio.
Bancadas de oposición ya se han manifestado en contra de la posición del Gobierno.
El presidente regional metropolitano del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, solicitó este lunes que los parlamentarios rechacen a la brevedad el veto que dio el Gobierno a la Ley de Estatuto Docente, que entrega mejoras en las condiciones laborales del profesorado.
En una reunión sostenida el pasado viernes entre el Directorio del Colegio Metropolitano de Profesoras y Profesores con diferentes bancadas de oposición, estos últimos se comprometieron a rechazar esta medida del Ejecutivo.
"Esperamos que los parlamentarios de todas las bancadas rechacen el veto y que la ley pueda ser cursada, es lo que corresponde, ya que la decisión de Piñera es una canallada porque no hay ningún fundamento, ninguna explicación razonable para esta medida", afirmó Aguilar.
En esta línea, el representante de los profesores destacó que "esta ley no tiene costo, no implica grandes modificaciones de fondo, son todos temas puntuales para la mejora en las condiciones laborales del profesorado, en su minuto su aprobación contó con votos de todos los sectores políticos, tuvo muy pocos votos en contra. Por eso, esperamos que este veto sea rechazado".
Además, llamó a las y los profesores a lo largo de Chile a seguir intensificando su presión sobre los parlamentarios de sus distritos, "exigiéndoles que rechacen el miserable veto de Piñera".
Respecto a nuevas movilizaciones, Aguilar explicó que el profesorado está en alerta, que están barajando alternativas y que no descartan estar presente en el Congreso en Valparaíso el día de la votación.
Para rechazar el veto presidencial sólo se requiere un quórum simple, y considerando la votación en su momento de la ley 11.780-04, en la que la Cámara Baja la aprobó con 93 votos, no se esperan problemas en tener los sufragios necesarios.
Esta ley fue tramitada desde el 2018 y aprobada por ambas cámaras del Congreso pasando a ser Ley de la República.