Funcionarios del Senado evalúan inédita paralización ante "prácticas antisindicales"
Dos de las tres asociaciones de empleados las denunciaron, luego de que la corporación constatara un caso de violencia de género y el sobreendeudamiento de parte del personal.
Aunque el dirigente Erwin Valencia admite estar siendo investigado por lo primero, acusó una "persecución" en su contra por parte del secretario general, Raúl Guzmán.
De ser efectivo, se trataría del primer paro de actividades legislativas en más de 200 años de historia.
Dos de las tres asociaciones de funcionarios del Senado evalúan efectuar el primer paro de actividades legislativas en más de 200 años de historia, debido a "prácticas antisindicales" al interior de la institución, denunciadas después de que la Comisión de Régimen constatara un caso de violencia intrafamiliar y el sobreendeudamiento de parte del personal.
Dichas asociaciones, de Funcionarios del Senado (Afusen) y de los Profesionales de Secretaría o Escalafón de Abogados, representan a 210 personas en total, grupo que equivale a casi el 60 por ciento de los funcionarios de la Cámara Alta.
Todo partió con el comunicado de la Comisión de Régimen divulgado este miércoles, en el que se "hace parte en dos situaciones entre privados" que no les compete, partiendo por una "denuncia" de Patricio Oyanedel, gerente de la cooperativa de préstamos Lautaro Rozas, quien pidió audiencia con el secretario de la corporación, Raúl Guzmán, y el prosecretario, Roberto Bustos, para dar cuenta del "comportamiento crediticio".
La segunda situación es el mencionado caso de violencia de género, con el que estaría vinculado el presidente de Afusen, Erwin Valencia, quien admitió ser objeto de una investigación judicial.
A raíz de esto surgieron las acusaciones de "prácticas antisindicales y acoso laboral", con Valencia asegurando que la "única práctica reñida es la persecución a mi persona de parte del secretario general y las prácticas antisindicales que son a diario de él y las personas que trajo cuando se vino a instalar como secretario".
En cuanto al comportamiento crediticio, el dirigente aseveró que la cooperativa "habría cometido el error de malinterpretar ciertas situaciones que se dan con respecto al pago de los compromisos con ellos", planteando que "hay que distinguir tres cosas: hay un grupo que son trabajadores de senadores, quienes deben pagar directamente; hay un segundo grupo que son nuestros socios, a quienes sí pagamos sus créditos, a través del descuento de una cuota extraordinaria de asociación; y un tercer grupo de personas que se va del servicio o se va de la asociación, de quienes no nos hacemos cargo de descontarles sus créditos, por lo que no hay prácticas reñidas, como dice el comunicado".
Por su parte, el líder de los profesionales de secretaría o escalafón de abogados, Francisco Vives, indicó al matutino que "siempre ha sido nuestro norte que la labor institucional sea perfecta o lo mejor posible a nuestras capacidades, pero también tenemos claro que hemos llegado a un estado de situación en el cual un paro, que es absolutamente inédito en la institucionalidad, debe ser puesto como una posibilidad dentro de la estrategia de trabajo conjunto entre las dos asociaciones".
SENADO INVESTIGA
En su comunicado, la Comisión de Régimen dijo que el sumario administrativo que abrió la Cámara Alta a raíz de las denuncias "debe recabar todos los antecedentes para el debido esclarecimiento de los hechos y que se aplique la mayor sanción, si es que es el caso".
La instancia -formada por senadores de todos los comités parlamentarios- también respaldó el trabajo y las medidas que el secretario general está adoptando, quien "cuenta con las facultades para dichas acciones".
Afirmó además que "el Senado no aceptará ningún tipo de irregularidades en los procesos administrativos, instando por la total rectitud y transparencia".
La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), señaló que "aquí hubo una denuncia de un señor al Senado respecto de unos descuentos que no le estaban llegando. A raíz de eso nos enteramos de que había un convenio que el Senado no conocía y tampoco se sabía que existía unos descuentos para pagar una deuda con terceros. Frente a eso se está haciendo una investigación para ver si hay o no irregularidades".
"Frente al otro hecho que también fue puesto en conocimiento del Senado, que es la denuncia de la abogada de una funcionaria por agresiones, se determinó un sumario para poner los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía", dijo la legisladora.
"El Senado tiene que resguardar la integridad física y psicológica de todos y cada uno de las y los funcionarios y, por lo tanto, eso es lo que corresponde hacer de acuerdo a nuestros protocolos", enfatizó.
El senador Guido Girardi (PPD), integrante de la Comisión de Régimen, afirmó que los dos hechos denunciados "son dos temas muy delicados. Hay uno que es una situación que evidentemente genera mucha preocupación por parte, por lo menos, de los senadores y senadoras".
"La victimización de mujeres, muchas veces la imposibilidad o la incapacidad que tienen las mujeres de denunciar estos hechos y de hacer valer sus derechos, es tremendamente grave, por todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad chilena para impedir una de las mayores lacras que hay, que es la violencia a la mujer, y eso es algo que nos preocupa mucho", sostuvo el legislador.
"Evidentemente serán muy importantes las resoluciones que tome también el Ministerio Público, pero creo que también le corresponde al Senado hacerse parte de este proceso de investigación a través de los mecanismos legales que corresponde a esta institución", planteó.
"Nosotros hemos hecho leyes para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, si eventualmente pudiera haber un caso dentro del Senado, no podría haber un doble estándar. No creo que nadie tenga un doble estándar respecto a tener una actitud de indolencia o de minimizar este tema", añadió.