Karina Oliva renunció a su derecho de guardar silencio y pidió declarar ante la Fiscalía
Su defensa aseguró que se puso a disposición "voluntariamente" del Ministerio Público, que investiga un presunto fraude de subvenciones en su fallida candidatura a gobernadora.
El administrador de esa campaña, Martín Miranda, fue citado por el Servel a prestar declaración sobre la rendición de gastos.
Oliva renunció a su derecho a guardar silencio, subrayó su abogado.
Karina Oliva (Comunes) pidió que la Fiscalía Metropolitana Sur la cite a declarar en el marco de la investigación que el organismo lleva en su contra por un presunto fraude de subvenciones en su campaña a gobernadora metropolitana.
La otrora carta del Frente Amplio para la Región Metropolitana fichó hace una semana al abogado penalista Juan Carlos Manríquez, quien confirmó a La Tercera que ya solicitó copia de la carpeta de investigación y le comunicó al fiscal Héctor Barros sobre la disposición de la ex candidata para colaborar a esclarecer prontamente el caso.
"Nos hemos puesto a disposición voluntariamente del Ministerio Público y por escrito le hemos dicho al fiscal Barros que la señora Oliva ha decidido renunciar a su derecho a guardar silencio y prestar declaración ante quien sea, tanto la Fiscalía como el Servel. Hemos recibido las primeras citaciones a su equipo asesor y vamos a tener todos los antecedentes para que sea una diligencia útil y poder a la brevedad esclarecer todas las dudas que se están planteando", sostuvo Manríquez.
De acuerdo con el rotativo, la Fiscalía Sur está cercando el entorno de Oliva y bajo estricta reserva ha citado a todos los militantes de Comunes que hicieron alguna colaboración con la otrora candidata.
Martín Miranda, administrador de la campaña de Oliva para gobernadora regional, fue citado a declarar por Guillermo González Leiva, subdirector de Control del Gasto y Financiamiento del Servicio Electoral, a fin de que dé cuenta de las rendiciones de gastos sobre las que el organismo formuló reparos.
Oliva también fue candidata a senadora en las elecciones generales del domingo 21 de noviembre, proceso en el que igualmente fue derrotada y al que llegó sin el apoyo público de su pacto, Apruebo Dignidad, que se lo retiró tras destaparse el escándalo de los abultados pagos a asesores de su campaña al Gobierno Regional, y también tras el controvertido allanamiento -con uso desproporcionado de la fuerza- realizado por la Fiscalía Metropolitana y Carabineros a la sede de su partido, Comunes, que además le congeló la militancia.