Informe responsabiliza a la policía colombiana de 11 asesinatos durante ola de protestas en 2020
Según el documento, los agentes del Estado reaccionaron "de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad".
"El uso ilícito de las armas de fuego por parte de algunos miembros de la institución produjo una masacre", de víctimas cuyas edades oscilaban entre los 17 y 27 años.
La policía colombiana es responsable de 11 de las 14 muertes de civiles ocurridas durante las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, concluyó un informe académico presentado este lunes en la Alcaldía de Bogotá.
Según el documento, el 9 y 10 de septiembre de 2020, la policía "reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha", donde hubo protestas por el asesinato de Javier Ordóñez en un procedimiento policial.
"El uso ilícito de las armas de fuego por parte de algunos miembros de la institución produjo una masacre que cobró las vidas de 11 jóvenes en idénticas circunstancias y en un corto lapso temporal", señala la investigación encabezada por el ex defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Negret.
LAS VÍCTIMAS
El documento recuerda que las protestas de los jóvenes comenzaron por el asesinato en Bogotá la madrugada del 9 de septiembre de Ordóñez, un taxista de 46 años, que fue brutalmente sometido en una calle por dos policías que intentaron detenerlo y descargaron de manera prolongada sobre él una pistola eléctrica Táser durante su arresto en Bogotá.
El informe de 177 páginas también asegura que la "masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes, en un contexto social complejo y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo, en los niveles nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia".
Según la relatoría, la brutalidad policial "se encarnizó" contra jóvenes de sectores populares de Bogotá y Soacha y el resultado deja ver que "existe una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública".
Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 27 años, tenían en común que eran de estratos pobres y que todos llegaron a Bogotá en busca de mejores oportunidades de educación y trabajo. Esas características, dice el informe, proponen una "reflexión sobre si la Policía tiene un comportamiento más represivo y autoritario con los ciudadanos de bajos recursos".
Por otro lado, el informe documentó que hubo otros 75 heridos por arma de fuego y 43 personas heridas por arma blanca y que 216 miembros de la policía también resultaron heridos, mientras que fueron quemados 17 Comandos de Acción Inmediata de la policía y más de 112 autobuses del sistema de transporte público de Bogotá.
RECOMENDACIONES
El informe hace una serie de recomendaciones a la policía, a la Alcaldía de Bogotá, al gobierno nacional y al Congreso para que adopten medidas para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
A la policía le pide "llevar a cabo un acto solemne de reconocimiento de responsabilidad y petición genuina de perdón a todas las víctimas de violencia, abuso o brutalidad policial", mientras que al Congreso y al gobierno les propone "tramitar y aprobar una ley estatutaria que desarrolle el derecho a la protesta social" como lo ordena la Corte Suprema de Justicia.