Municipalidad de Recoleta fue condenada por un caso de acoso laboral
La Justicia acreditó la "afectación a la integridad física y síquica" a una funcionaria, por lo que ordenó al municipio a pagarle una millonaria indemnización.
La afectada, una arquitecta, denunció en 2020 constantes hostigamientos, que sufría desde 2015 y que los atribuyó a que no pertenece "al grupo político del alcalde" Daniel Jadue.
El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó a la Municipalidad de Recoleta por un caso de acoso laboral contra una funcionaria, quien denunció ser víctima de constantes hostigamientos desde 2015 por parte de sus jefes.
Fue a fines de agosto del 2020 cuando la arquitecta y funcionaria municipal Claudia Müller Medina ingresó la demanda dirigida al municipio y al alcalde Daniel Jadue (PC), como "representa legal" de este, según publica hoy La Tercera.
Allí describió haber sido objeto de insultos y gritos de parte de sus jefes. Apuntó en específico a la arquitecta de Edificación de la Dirección de Obras Municipales, Rosa Pino, a quien identificó como "amiga de Giannina Reppetti, ex directora de Secpla, luego administradora municipal y brazo derecho del alcalde".
"En incontables ocasiones me acosaba, gritando a viva voz para toda la unidad y acusándome por cualquier acontecimiento que ella inventaba para perseguirme. En una ocasión, la señora Pino señaló delante de todo el personal: 'Cómo la habían llamado a ella a aclarar una situación de controversia, sin considerar que Claudia tenía serios problemas mentales' (...) Me comenzó a llamar la atención a viva voz, en el mesón de atención al cliente, gritándome e insultándome. Esto ocurrió ante otros funcionarios y usuarios", relató.
"Frente a esto decidí recurrir al señor alcalde, quien atento a los funcionarios que me servían de testigos, señaló que yo siempre causaba problema y que era una funcionaria belicosa", acusó Müller Medina.
LA SENTENCIA Y EL SUMARIO QUE TERMINÓ SIN SANCIÓN
El Juzgado fijó audiencia para septiembre pasado y el 14 de diciembre último informó su sentencia. En ésta, dio por "plenamente acreditados" los hechos denunciados, en especial "en lo que dice relación con la afectación a la integridad física y síquica". Entre estos están la reunión con el alcalde Jadue, las más de cinco licencias de la Mutual de Seguridad por el tratamiento que inició luego de que, según acusó, fue dejada en "lista dos" del escalafón municipal viendo cuestionadas "todas mis capacidades".
"No obstante que la denunciada (el municipio) estableció en septiembre de 2018 un protocolo de actuación especial para casos de denuncias sobre acoso sexual, laboral y de discriminación arbitraria, y que era aplicable a trabajadores a honorarios, no aplicó dicho reglamento para este caso en particular", falló el tribunal.
En su resolución, sostuvo que el municipio debió poner término a los servicios de Pino -quien finalmente presentó su renuncia voluntaria en 2021-, una "omisión que constituye un claro e innegable indicio de vulneración por parte de la demandada en contra de la actora, en razón de no aplicar la normativa que ella misma instituyó para tal fin".
El municipio había realizado un sumario administrativo, a cargo de la entonces fiscal designada Bárbara Sepúlveda Hales (hoy constituyente), quien constató que Pino Zamorano incurrió "en conductas que atentan contra la dignidad y crean un ambiente laboral hostil"; sin embargo, como ésta se encontraba contratada a honorarios desde mayo de 2019, por lo cual no se le podía determinar una responsabilidad administrativa y fue sobreseída.
Con todo ello, el Juzgado acogió la demanda y ordenó a la Municipalidad pagar 20 millones de pesos en indemnización por el daño moral causado; actualizar el "Protocolo de actuación ante denuncias sobre acoso sexual, laboral y discriminación arbitraria de la Municipalidad", para lo que tiene un plazo de 60 días; y hacerse cargo de las costas del proceso por dos millones.
Desde Recoleta, que durante el juicio se defendió reprochando que la contraparte "trasladó a la esfera laboral un complejo periodo personal" que atravesaba -vinculado a que "recién estaba terminando su posnatal", tras la sentencia afirmaron que "estas acciones no tienen cabida en la institución y que actualmente se cuenta con un protocolo de acoso laboral que está vigente y que ha sido una herramienta eficaz", a la vez que se comprometieron a perfeccionarlo.
Müller Medina, la funcionaria afectada, especuló que el acoso ocurrió "seguramente por pertenecer al grupo de antiguos funcionarios y arquitectos en los cuales siempre se desconfió, dado que no pertenecíamos al grupo político del alcalde, y a ningún grupo político, pero para toda la nueva administración, pertenecíamos al partido de derecha".