Fiscales de EEUU demandan a Google por engañar a usuarios sobre la privacidad
Los procuradores de tres estados y del Distrito de Columbia acusan al gigante tecnológico de "manipular" a los consumidores para acceder a datos de ubicación.
Señalan como víctimas a quienes utilizan servicios de la compañía y todos aquellos usuarios del sistema operativo Android.
Los fiscales generales de tres estados de EE.UU. y del Distrito de Columbia presentaron este lunes sendas demandas contra Google por supuestamente engañar a los usuarios haciéndoles creer que podían impedir que la empresa conociese su ubicación cuando en realidad seguía accediendo a esta información.
En un comunicado, el fiscal general del Distrito de Columbia (donde se encuentra la capital estadounidense, Washington), Karl Racine, dijo que la querella acusa a Google de "engañar y manipular" a los consumidores para lograr acceso a sus datos de ubicación.
"(Google) hizo prácticamente imposible que los usuarios pudieran impedir que la empresa accediese a sus datos de ubicación", indicó Racine.
Además del fiscal general del Distrito de Columbia (perteneciente al Partido Demócrata), sus homólogos de los estados de Texas (republicano), Indiana (republicano) y Washington (demócrata) presentaron demandas similares.
Según los querellantes, Google engaña de manera sistemática a los internautas haciéndoles creer que pueden controlar la información que la compañía de internet compila sobre ellos, cuando en realidad "no existe ninguna manera efectiva" para que los usuarios impidan a Google recabar, almacenar y beneficiarse de los datos.
En el caso concreto de los datos de ubicación, las demandas indican que las víctimas son todas aquellas personas que usen teléfonos móviles con sistema operativo Android y aquellos que usen servicios de Google como el buscador o los mapas en otros dispositivos.
La empresa matriz de Google, Alphabet, ya se enfrenta en EE.UU. a varias demandas por presuntas prácticas contrarias a las leyes antimonopolio, la mayor de las cuales fue presentada por el Departamento de Justicia del Gobierno de Donald Trump y sigue adelante con la nueva Administración del presidente Joe Biden.