Comisión de Constitución despachó a Sala del Senado el proyecto de amnistía

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Autor: Cooperativa.cl

Esta jornada asistió el subsecretario Juan Francisco Galli, quien cuestionó las fechas que abordará la iniciativa para beneficiar a los denominados "presos del estallido".

De no ser votado en Sala mañana jueves, la revisión del texto se reanudará en marzo, en el siguiente período legislativo y con la mitad de los escaños renovados.

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La Comisión de Constitución del Senado logró despachar el proyecto de amnistía a los denominados "presos del estallido social", después de una larga discusión y votación en particular, pero todavía no hay certezas sobre si podrá votarse en Sala, cuando restan apenas un par de días para el receso legislativo de febrero.

Este miércoles se establecieron los plazos en que operará este proyecto -que aún está en su primer trámite constitucional-: en primera instancia, se apunta al periodo comprendido entre el 7 de octubre del 2019 -fecha que se ha apuntado como el inicio de las manifestaciones que terminaron estallando el 18 de octubre- y el 9 de diciembre del 2020. 

Aquello, siempre que esas personas no tengan antecedentes previos por similar delito, dentro del catálogo definido el texto de ley.

En esta línea, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien asistió a la instancia, puntualizó que "casi la mitad de los ingresos por los delitos que están siendo amnistiados por este proyecto de ley fueron ingresados después del mes de abril de 2020, ya Chile se encontraba en plena pandemia por Covid-19".

"Entonces la pregunta es hasta dónde llega esta amnistía; 76 de las 144 personas en prisión preventiva -de acuerdo con el informe que le enviaron a la presidenta del Senado- lo están por delitos cometidos en octubre y noviembre del 2021; la fecha del 9 de diciembre (2020) es bastante arbitraria, podríamos llegar -incluso- a que los delitos que se cometieron ayer o antes de ayer, podrían ser también sujetos de amnistía".

El senador RD Juan Ignacio Latorre, uno de los impulsores de la propuesta, defendió que este plazo se configuró "en base a casos reales que hubo durante el año 2020", puesto que "hasta en situación de pandemia y cuarentenas hubo protestas -obviamente no tan masivas como las del estallido social- donde se replicó el mismo patrón que criticamos, de criminalización de la protesta social, con prisiones preventivas excesivas".

Por otra parte, se determinó el 7 de octubre como el inicio porque entonces "parten las protestas de secundarios, el famoso 'salto al torniquete'", subrayó.

Por otra parte, fue visada la disposición que establece que la amnistía no será automática, sino que debe ser solicitada. 

También se aprobó el artículo que indica que, a pesar de la amnistía, que apunta a las investigaciones penales, la responsabilidad no se extinguirá respecto a lo civil, es decir, que podrá ser perseguida por los particulares afectados por los delitos.

En tanto, no quedó establecida la indemnización a los locatarios al considerarse una inadmisibilidad por implicar recursos del Estado, pero sí se estableció que el Estado podrá -dependiendo de la iniciativa del Ejecutivo- pagar a los afectados por los delitos.

POLÉMICA POR CIERRE DE LAS INVESTIGACIONES

Asimismo, se ratificó uno de los puntos más polémicos: se podrá pedir el cierre de las investigaciones que están en curso, lo que deberá decretarse en un plazo de 60 días, y tendrán dicha posibilidad quienes tienen abiertos procesos por delitos distintos a los establecidos en el proyecto de ley -como el homicidio frustrado-, siempre que estén asociados a la participación en manifestaciones. De todos modos, será potestad del Ministerio Público decidir si llevarlos a juicio o sobreseerlos.

A juicio del subsecretario Galli, al incorporar este artículo "se les niega a las víctimas obtener justicia, saber la verdad de lo que ocurrió en los delitos que se cometieron en contra de ellas".

"Pero además -y quizás lo más grave institucionalmente-, este proyecto de ley vulnera el principio de separación de los poderes, porque se involucra directamente en investigaciones penales que se están llevando adelante por los órganos independientes a cargo de la persecución penal", acusó, recordando que "hay causas abiertas en contra de estas personas en que se tendrá que acreditar si son culpables o inocentes".

El presidente de la instancia, el independiente Pedro Araya, refutó planteando que, respecto a esas indagatorias. "las pruebas que no encontraron en un año y medio no las van a encontrar en los próximos seis meses".

"Hay un plazo de término de la investigación, y como consecuencia de lo anterior, personas que están siendo investigadas, han sido imputadas o formalizadas, pueden pedir la audiencia de cierre de la investigación. Esto no significa que automáticamente las personas se van con sobreseimiento, sino que el Ministerio Público tiene que tomar la decisión", explicó el senador.

"Esto no es letra chica -continuó-, estamos ratificando un criterio que tiene el Código Procesal Penal".

Así las cosas, el paso a seguir es la realización de una posible sesión especial en la Sala del Senado este jueves para votar y despachar la amnistía, pero de no haber acuerdo, su trámite se reanudará en el próximo periodo legislativo, con cerca de la mitad de los escaños renovados en la Cámara Alta y con una nueva Cámara de Diputadas y Diputados.

La diputada Camila Vallejo (PC), futura ministra vocera del Presidente electo Gabriel Boric, manifestó que esperan que la votación "ojalá pueda ser antes de que termine el período legislativo, es una solicitud que hemos reiterado desde el equipo de Gobierno (entrante)".

"Una de las urgencias humanas que tenemos que resolver como sociedad, respecto de todos aquellos jóvenes que lamentablemente están con un castigo anticipado en las cárceles", sentenció.