Dueño de camping fue imputado por caso de niño que murió electrocutado en una piscina
El hecho ocurrió en 2017 en el Centro Turístico y Recreativo Puerto Lagunas de la comuna de Ovalle.
La Fiscalía lo acusó de cuasidelito de homicidio, por su "negligencia" en abrir las instalaciones a público pese a que todas las conexiones eléctricas eran irregulares.
Ninguna de las piscinas del recinto contaban con el permiso que debía otorgar la Subsecretaria Regional Ministerial de Salud para su funcionamiento.
La Fiscalía de Ovalle formalizó al propietario del Centro Turístico y Recreativo Puerto Lagunas por cuasidelito de homicidio, atribuyéndole responsabilidad en la muerte de un niño, ocurrida el 17 de septiembre de 2017.
Según las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el imputado -de iniciales A.G.M.- en forma negligente mantuvo abiertas las piscinas de agua y permitió el ingreso de bañistas, pese que tener instalaciones eléctricas irregulares en el recinto, sin cumplir las normas técnicas correspondientes.
En la formalizaciòn se detalló que los tableros de distribución de las instalaciones eléctricas que alimentaban las piscinas del complejo se encontraban fuera de norma; la canalización exterior de PVC no se encontraba apta para resistir los rayos UV; la canalización subterránea se efectuó con un conductor no adecuado para su uso; el sistema de puesta a tierra era inexistente o estaba mal conectado; y la instalación eléctrica de quinchos, camarines, baños e instalaciones anexas a las piscinas presentaban "riesgo para las personas y cosas".
En una de las piscinas se encontraba la víctima, un niño de 11 años, quien sufrió una asfixia por electrocutamiento. Otros niños también recibieron descargas, al igual que el padre de la víctima, quien -no obstante- intentó infructuosamente salvarlo.
"INVESTIGACIÓN AVANZADA PARA FINALIZAR"
El fiscal Herbert Rohde comentó que "faltan algunos detalles que precisar, pero, en gran parte, la investigación está avanzada como para finalizar. Eventualmente (resta) alguna diligencia que pueda solicitar la defensa".
El Juzgado de Garantía de Ovalle le impuso a A.G.M. prohibición de salir del país y fijó 90 días para el desarrollo de la investigación.