Ex contralor defiende existencia del TC: Si se otorgan estas facultades a la Suprema hay "riesgo de politización"
Ramiro Mendoza explicó que el máximo tribunal "no tiene los contrapesos" que tiene el TC, por lo que existirían "influencias políticas" al darle atribuciones de constitucionalidad.
En el debate constitucional, el también timonel del Colegio de Abogados sostuvo que "poco a poco la Convención ha ido entendiendo de que no se trata de un tribunal que defiende la Constitución del 80".
"Cuando los órganos empiezan a polifuncionalizar sus miembros y sus competencias (...) terminan rasmillando la propia función", reflexionó.
El ex contralor general de la República, Ramiro Mendoza, defendió la existencia del Tribunal Constitucional (TC), discusión que actualmente se está llevando a cabo por parte de la Convención Constitucional sobre la permanencia de este organismo en la estructura del Estado en la futura y nueva Constitución.
En conversación con Cooperativa, el también presidente del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado expresó que hay un tendencia a que las cosas "deben ser eliminadas" por la poca noción que existe del porqué se han instalado, en este caso, el Tribunal Constitucional que, a su juicio, lo que hacen este tipo de instancias es "esencialmente lo que protegen es la democracia y desde el punto de vista del respeto a las minorías".
En este punto, Mendoza indicó que "creo que poco a poco la Convención ha ido entendiendo de que no se trata de un tribunal que defiende la Constitución del 80, sino que se trata de un tribunal que va a defender a la propia nueva Constitución que puedan hacer el día de mañana".
En medio a la discusión constitucional, el presidente del Colegio de Abogados descartó la idea de que se le otorguen las atribuciones del TC a la Corte Suprema, porque "el hecho de que se vuelva el control de constitucionalidad a la Corte Suprema no es cierto que se vuelve el control de constitucionalidad a la Corte Suprema, se vuelve un aparente control de constitucionalidad respecto de una situación subjetiva que afecta a una persona, no al colectivo que es el país, que es la Cámara, que es el funcionamiento de la democracia (...) hay vuelta a un recurso de inaplicabilidad que es subjetivo".
Agregando que "se está hablando de entregarle el recurso de inaplicabilidad de nuevo a la Corte Suprema, recurso que por lo demás la Corte Suprema falló en poquísimas veces en más de 50 años que estuvo vigente la norma, fue en rara vez, en un 2-3%, entonces estamos hablando de un recurso que no tenía trascendencia, y insisto de que un riesgo que le puede producir a la Corte Suprema si yo le doy un control constitucional diferente al recursos de inaplicabilidad y transformo a la Corte Suprema en un vigilante de la Constitución activa, desde el punto de vista de que puede sacar leyes del ordenamiento jurídico en el momento constitucional que corresponde, también es un tremendo riesgo de politización para la Corte Suprema".
"La Corte Suprema no tiene los contrapesos que tiene efectivamente el Tribunal Constitucional -recalcó-, entonces esos riesgo de desequilibrio político, en realidad de influencias políticas, es lo que uno entrega al Tribunal Constitucional con una buena arquitectura de designación y composición, así que yo creo que ahí están las fórmulas claves para poder solucionar esto", indicó.
Y apuntó, en este línea, que "es curioso, en este mundo que estamos viendo que impulsa una vida más solidaria, más colectiva, privilegie una solución individual para el rescate de los derechos fundamentales", concluyendo que "los miembros de la Corte Suprema deberían estar en la Corte Suprema, cuando los órganos empiezan a polifuncionalizar sus miembros y sus competencias resolviendo cosas que no están dentro de su ámbito, y actuando en otros organismo, al final de cuentas, terminan rasmillando la propia función".