Ucrania recurre a la justicia internacional para tratar de detener la guerra

Ucrania argumentó este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que la invasión de Rusia iniciada el pasado 24 de febrero viola una convención internacional contra el genocidio, un argumento con el que espera convencer al alto tribunal de la ONU para que intervenga e intente detener la guerra.

Durante tres horas, una delegación de Ucrania dio argumentos legales a los jueces de la corte con sede en La Haya para que soliciten a Moscú "la suspensión inmediata de las operaciones militares iniciadas el 24 de febrero de 2022", tanto del Ejército ruso como de "las personas que puedan estar sujetas a su control, dirección o influencia".

Kiev ha buscado una vía legal poco habitual para llevar el conflicto armado a la CIJ, que juzga litigios entre Estados.

Ucrania asegura que Rusia malinterpreta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 firmado por ambos países, debido a que Moscú ha justificado la invasión por un presunto genocidio de la población rusoparlante en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk.

Para que la CIJ intervenga en el conflicto, Ucrania debería demostrar que existe una disputa sobre la interpretación de la convención contra el genocidio y que, por lo tanto, la corte tiene "en principio" jurisdicción para juzgar el caso.

Los abogados de Ucrania citaron al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que ha dicho que el propósito de Moscú con la invasión es "proteger a la gente del genocidio" en territorio ucraniano, especialmente en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, parcialmente controladas por milicias prorrusas.

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y DE GUERRA

"Es una mentira horrible", explicó el representante de Kiev ante la CIJ, Anton Korynevych, pues "no es Ucrania quien comete genocidio, sino Rusia y su liderazgo político y personal militar los que cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".

El letrado de Ucrania Jean-Marc Thouvenin explicó que "en ningún lugar de la convención se dice que un Estado pueda entrar por la fuerza en otro para prevenir un genocidio".

El abogado añadió que son las milicias prorrusas financiadas por el Kremlin las que cometen crímenes de guerra en territorio ucraniano, y puso como ejemplo un ataque en la ciudad de Mariúpol en enero de 2015 en el que murieron decenas de civiles, según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania.

Asimismo, argumentó que, en un caso de 1984 entre Nicaragua y Estados Unidos, la CIJ ya estableció que "el uso de la fuerza no puede ser el método adecuado para asegurar el respeto" de las convenciones internacionales.

Otro de los argumentos es que, si el tribunal no actúa ahora, Rusia causará un daño irreparable durante la invasión.

"Hay bebés que están naciendo en el metro y en túneles mientras los hospitales están siendo bombardeados. Todo esto es una realidad terrible a la que el pueblo de Ucrania se enfrenta ahora mismo", dijo Korynevych.

RUSIA NO SE PRESENTA

La CIJ había programado para este lunes la intervención del equipo legal de Rusia, pero la delegación de Moscú no se presentó en el tribunal y avisó que tampoco acudirá mañana, por lo que los jueces se retirarán a deliberar sin escuchar su versión.

"El hecho de que los asientos de Rusia estén vacíos habla por sí mismo. No están aquí en este tribunal de justicia, están en un campo de batalla librando una agresiva guerra", añadió Korynevych.

Está por ver si este juicio ayudará a frenar la guerra, pues la implementación de las eventuales medidas cautelares de los jueces, como reclamar a las partes el cese de las hostilidades, depende de la voluntad de los Estados en litigio, es decir, de Rusia y Ucrania.

Si Moscú desoyera a los magistrados, Ucrania podría pedir asistencia para aplicar la orden de la CIJ en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia ejercería con toda probabilidad su derecho a veto.

No es la primera vez que el alto tribunal de la ONU trata las tensiones entre Ucrania y Rusia, pues se declaró competente en noviembre de 2019 para juzgar el apoyo de Moscú a las milicias prorrusas del Donbás y la discriminación a los hablantes de ucraniano en Crimea, una demanda que se encuentra en la fase de alegatos escritos.