Con cuestionamientos de la Suprema, pleno de la Convención vota informe de la Comisión de Sistemas de Justicia

Con cuestionamientos de ministros de la Corte Suprema, el pleno de la Convención Constitucional debate y vota este jueves el nuevo informe de la Comisión de Sistemas de Justicia.

Los convencionales deberán definir si forman parte o no del borrador de la futura Carta Magna temas relacionados al Poder Judicial, Ministerio Público, derechos humanos y de la naturaleza, pluralismo jurídico y sistemas indígenas, además de la Defensoría Penal Pública y la justicia ambiental, entre otros.

Esta votación se realiza en medio de cuestionamientos desde la Corte Suprema por algunos de los artículos, como el que busca establecer un Consejo de la Justicia para determinar, por ejemplo, el correcto ejercicio de las funciones del sistema, lo que consideran es poner en riesgo el principio de independencia.

A esto se suman las críticas a bajar la edad de jubilación de los jueces de 75 a 70 años y limitar la duración de los cargos de los Supremos a un periodo de 12 años sin reelección, dado que, advierten los ministros de la Suprema, si no hay establecida una gradualidad explícita se generará el problema de que algunos jueces tendrán que abandonar el cargo y poner en riesgo la continuidad del servicio.

Mientras que cuestiona también quienes van a conformar, por ejemplo, este Consejo de la Justicia, ya que se busca que sean 17 integrantes y la mayoría no serán jueces. Para el máximo tribunal esto hace que se corra el riesgo de que la instancia se vaya a politizar.

Sobre estos cuestionamientos, el convencional Mauricio Daza (Regionalismo Ciudadano Independiente) indicó "que el poder constituido intervenga en el debate constituyente a mí no me parece y creo que sea una intervención indebida. Ni el Senado, ni la Cámara de Diputados, ni el Congreso Nacional lo han hecho, por ejemplo, para la discusión trascendente que viene mañana sobre el sistema político".

"Ningún otro órgano del Estado, de hecho, lo ha realizado. Entonces esto también da cuenta de la forma como han funcionado tradicionalmente los jueces de la Corte Suprema y en general el Poder Judicial, esto tiene que ser materia del pasado", puntualizó.

DIFERENCIAS EN PROPUESTA PARA UN SISTEMA DE JUSTICIA INDÍGENA

Además de estas problemáticas externas, desde la misma comisión anticipan que en la votación de esta tarde se presume sean -al igual que en otros informes- rechazados algunos artículos, uno de ellos el de Sistema de Justicia Indígena, que tiene marcadas diferencias entre los constituyentes.

"Nosotros pusimos muchas luces de alerta. No tiene límites en el ámbito de aplicación, constantemente le decíamos a los convencionales que son pro justicia indígena y a los expositores, que nos dijeran cuál era el ámbito de competencia o de aplicación y si iban a haber temas civiles, laborales, penales, lo que sería muy riesgoso", puntualizó la convencional republicana Ruth Hurtado.

Además, acusó que "no sabemos quiénes van a ejercer el rol, quiénes van a integrar estos tribunales de justicia indígena".

Otro de los temas que se han debatido este jueves en la Comisión de Sistemas de Justicia es la que busca "la libertad de los presos políticos de la rebelión popular". Esta norma popular fue aprobada en general con nueve votos a favor y ocho en contra, pasando a votación en particular y posteriormente, de aprobarse, al Pleno.

En esta norma se plantea también que hay que reparar abusos cometidos con los jóvenes injustamente procesados o detenidos. El perdón que se propone es entre el 7 de octubre de 2019 hasta la eventual ratificación de la nueva Constitución.

SIGUEN LAS REACCIONES TRAS NO DECLARAR A CHILE "ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO"

En esta jornada también siguen las reacciones a la votación del primer informe de la Comisión de Principios Constitucionales, en la que no se aprobó que Chile sea "un Estado social y democrático de derecho".

Entre los que votaron en contra de esta propuesta, que obtuvo 100 votos a favor y quedó a tres de alcanzar el quórum de dos tercios, aseguran que fue porque en el texto debe decir que "el Estado es garante de derechos".

Ante esta votación, Amaya Álvez (RD), vicepresidenta adjunta de la Convención, aseguró que es grave que se haya rechazado este punto la última jornada.

"Estamos hablando de que el Estado se hace cargo del bienestar de las personas. El catálogo de derechos fundamentales es una parte, pero estamos hablando de la estructura del poder y por tanto, incorporar la voz garantía minimiza la protección, hace que nuevamente el Estado sólo asuma una parte de la responsabilidad y que la otra parte pueda ser entregado, por ejemplo, mediante un modelo subsidiario a los privados", puntualizó la convencional.

Su par María Rivera (ex Lista del Pueblo) respondió a esta postura, asegurando que se votó en contra porque "hasta dónde está escrita esa parte del artículo, para nosotros es demasiado general y es poesía. Quiénes van a determinar y quiénes van a redactar las leyes van a tener cada uno su concepto distinto y nosotros no queremos eso".

"Que le den la facultad y el derecho concreto a los sectores sociales para que le diga señor Estado social de Derecho, yo necesito que me garantice la salud de tal manera y tiene que hacerlo", puntualizó la constituyente.