Con la medida cautelar que les prohíbe comunicarse entre sí quedaron tres funcionarios del Ejército que fueron formalizados por el delito de obstrucción a la investigación que busca dar con los responsables de la muerte de Romario Veloz y las lesiones graves contra Rolando Robledo, ocurrido el 20 de octubre de 2019, en las inmediaciones del mall de La Serena.

Los efectivos, entre ellos un subteniente, son acusados por el Ministerio Público como autores del delito de obstrucción a la investigación esto en relación a la entrega de antecedentes falsos respecto a los disparos y conteo de munición.

Estos tres oficiales se suman así al capitán José Faúndez quien fue imputado por homicidio simple, homicidio frustrado y violencia innecesaria con resultado de lesiones graves; a los conscriptos Carlos Robledo y José Arenas, imputados por homicidio simple y homicidio frustrado; y a Milován Rojas, quien cumple arresto domiciliario al ser imputado por violencia innecesaria por los hechos investigados.

Adrián Vega, fiscal regional de Coquimbo, detalló que la teoría de caso del Ministerio Público señala que los uniformados "aportaron antecedentes falsos a la investigación en relación a los sucesos del mall respecto a los disparos y al conteo de munición, lo que llevó a la Fiscalía a efectuar distintas diligencias para afinar esos antecedentes falsos y se comprobó que no eran cierto ni concreto lo proporcionado por los funcionarios".

El magistrado Alain Maldonado, tras acoger la medida cautelar de prohibición de comunicación para salvaguardar el éxito de la investigación solicitada por los querellantes, rechazó la de arraigo nacional que pidió la Fiscalía.

El defensor público Erick Astudillo comentó que "los imputados se presentaron voluntariamente, incluso sin notificación, incluso uno de ellos pidió que formalizara la investigación al tribunal fijándose así un plazo al Ministerio Público para hacerlo".

El 27 de abril próximo se desarrollará una nueva audiencia en la que se definirá la forma concreta en que se dará cumplimiento a la medida cautelar impuesta, ya que los imputados prestan funciones en el mismo lugar. Además, se fijó un plazo de investigación de 90 días.

LA INVESTIGACIÓN

Según el ente persecutor, el 20 de octubre de 2019, el oficial A.A.T.S. no informó que dos subalternos bajo su mando habían utilizado los fusiles Galil que portaban con munición de guerra.

Asimismo, sostuvo falsamente ante el Ministerio Público, que había realizado un conteo riguroso de la munición de fogueo y de guerra que habían utilizado los integrantes de la escuadra.

Al subteniente del Ejército K.M.G.M. se le atribuyó responsabilidad al firmar el recibo de devolución de un fusil utilizado en los incidentes, arma que fue disparada con munición de guerra, según los peritajes realizados por efectivos de la PDI, y que informó falsamente al fiscal del Ministerio Público, el 10 de agosto de 2021, que retiró el fusil sin haber sido utilizado el día de los hechos. 

En tanto, S.M.J.A.G., en calidad de jefe de escuadra, ocultó que había disparado munición de guerra con el fusil que portaba el 20 de octubre y, además, aseveró falsamente que, tras el incidente, realizó un adecuado conteo de la munición de guerra y fogueo que utilizaron los integrantes de la escuadra bajo su mando.