Justicia condenó a siete ex agentes del Comando Conjunto por crimen de tres militantes comunistas
Juan Saavedra, Daniel Guimpert, Raúl González, Juan Aravena, Manuel Muñoz y Ernesto Lobos deberán cumplir 20 años de prisión como autores de los delitos de secuestro calificado y asociación ilícita.
En tanto, Viviana Ugarte, alias "La Pochi", purgará 10 años de cárcel en calidad de cómplice.
La Corte Suprema rechazó este martes los recursos de casación y condenó a siete ex miembros del denominado Comando Conjunto, por su responsabilidad en los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado (desaparición forzosa) de Aníbal Riquelme Pino, Francisco González Ortiz y Alfonso Araya Castillo, todos militantes del Partido Comunista, en hechos ocurridos en 1975 y 1976 durante la dictadura de Augusto Pinochet.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Arturo Prado y la ministra María Teresa Letelier– descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la resolución del ministro en visita Leopoldo Llanos emitida el 31 de agosto de 2016.
De esta forma, queda a firme la sentencia que condenó a Juan Saavedra Loyola, Daniel Guimpert Corvalán, Raúl González Fernández, Juan Aravena Hurtuvia, Manuel Muñoz Gamboa y Ernesto Lobos Gálvez a 20 años de presidio, en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado y asociación ilícita.
En tanto, Viviana Ugarte Sandoval, alias "La Pochi", deberá cumplir 10 años de presidio, como cómplice de los delitos.
"La Corte Suprema hace justicia a tres jóvenes comunistas y manda potente señal contra la impunidad respecto de los crímenes del Comando Conjunto. Esto demuestra que no existen crímenes que no puedan ser resueltos por la justicia", afirmó Nelson Caucoto, abogado querellante de la familia de Aníbal Riquelme.
El voto disidente fue del ministro Prado, quien estuvo por aplicar la media prescripción.
Según cifras oficiales, durante la dictadura de Pinochet unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, unos 33.000 sufrieron la tortura y la cárcel por causas políticas y alrededor de medio millón debieron exiliarse.