Comisión de la Cámara Baja aprobó ratificación del Acuerdo de Escazú

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Cooperativa.cl

Con un amplio apoyo, el pacto medioambiental ahora será revisado en las comisiones de Medio Ambiente y Ciencias.

"Da cuenta de la importancia de las materias que trata el Acuerdo de Escazú, que son transversales", destacó la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola.

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La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes la ratificación del Acuerdo de Escazú, con 12 votos a favor y uno en contra.

Esta aprobación permite que el pacto medioambiental, pionero en el mundo en salvaguardar a los ambientalistas, avance en la Cámara Baja y ahora sea revisado por las comisiones de Medio Ambiente y Ciencias este miércoles.

"Da cuenta de la importancia de las materias que trata el Acuerdo de Escazú, que son transversales", detalló tras esta votación la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, quien también destacó que esta iniciativa "trata sobre acceso a la información ambiental, acceso a la justicia ambiental y sobre la necesidad de generar espacios para la protección de los defensores y defensoras ambientales".

En esta línea, la secretaria de Estado afirmó que "para nuestro país es muy importante el Acuerdo de Escazú" y advirtió que, pese a que es una medida que "va más allá del gobierno de turno", las autoridades de turno "la adhesión es una manera de volver al foro internacional".

Si mañana es ratificado en las comisiones de Medio Ambiente y Ciencias, la ministra Urrejola aseguró que están "muy optimistas de que se pueda ver en sala la próxima semana".

A este acuerdo se han suscrito Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.

Otros 11 estados de la región tienen pendiente su ratificación, incluyendo Perú, Colombia y Chile, cuya adhesión fue anunciada por Boric el pasado marzo, pero está pendiente de revisarse en el Parlamento.

La firma de Chile fue planteada inicialmente por el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) pero fue desechada durante su segundo término en el Palacio de la Moneda (2018-2012) por presiones de la industria y la minería.