Fisco pagará 30 millones a grumete que recibió golpes y descargas eléctricas en la Academia Naval

La Corte Suprema, en una sentencia de reemplazo, ordenó al fisco pagar una indemnización de 30 millones de pesos a un grumete de la Armada por concepto de daño moral, dado los maltratos que sufrió en febrero de 2013 en la Academia Politécnica Naval, emplazada en la ciudad de Viña del Mar.

La Tercera Sala del máximo tribunal estableció error de derecho en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, al confirmar la prescripción de la acción civil asociada al proceso penal que se ventiló en la justicia militar, declarando la responsabilidad del Estado por los malos tratos que recibió el joven aspirante, identificado como Benjamín Placencia, bajo el concepto de "justicia criolla".

"Es preciso dejar asentado que la regulación aplicable al procedimiento seguido ante la Justicia Militar impide al denunciante ejercer acciones civiles ante sus tribunales. Lo anterior permite establecer que cualquier gestión que se realice por parte de quien tiene el carácter de víctima en el proceso Militar, tiene la virtud de interrumpir el plazo de prescripción, toda vez que es en ese momento que el acreedor sale de su inactividad", se planteó.

En esta línea, la resolución explica que ante la imposibilidad de ejercer la acción civil en sede de justicia militar, este procedimiento "permitirá ejercer contra él o las personas que por sus hechos respondan, las acciones para exigir las indemnizaciones que correspondan".

El fallo explicó que las agresiones sufridas por la víctima son "golpes y descargas eléctricas" propinadas por el cabo segundo Juan Godoy "en el marco de una forma torcida de aplicar la disciplina interna, conocida como 'justicia criolla'".

Según refirió el propio condenado en el proceso criminal, este actuar se realiza porque "era el más antiguo del grupo en el que se encontraba el grumete Placencia, por lo que recibía llamados de atención de parte de los profesores por las faltas del resto, golpeándolos frente a la comisión de alguna o por el retraso en las tareas propias al interior de la Academia Politécnica Naval".

"De esta forma, se puede establecer inequívocamente que la 'justicia criolla' aplicada por el cabo segundo Godoy se dio con ocasión de una función del Estado, y por lo tanto satisface el criterio delineado más arriba, generando una imputación hacia el Estado, sin perjuicio del derecho del Estado a repetir en contra del infractor", puntualizó el máximo tribunal.