Coquimbo: 42 habitantes de una toma fueron formalizados y jueza consideró "desproporcionado" desalojarlos
La salida fue solicitada -como medida cautelar- por la Fiscalía y por la empresa inmobiliaria dueña de los terrenos usurpados.
La magistrada Alejandra Corvalán razonó que aún no existe sentencia firme y que la expulsión "afectaría considerablemente la vida de familias completas".
Mientras se desarrollaba la audiencia judicial, vecinos del sector La Rinconada protestaron contra la toma en las afueras del tribunal.
Mientras un grupo de vecinos de La Rinconada se manifestaba contra la toma en el sector, al interior del Juzgado de Garantía de Coquimbo se llevaba a cabo la audiencia de formalización de 42 personas por su presunta responsabilidad en el delito de usurpación de propiedad, en carácter de consumado.
De acuerdo a la acusación realizada por el Ministerio Público, los imputados ocuparon y usurparon 8,83 hectáreas de terreno pertenecientes a la Inmobiliaria El Olivar Limitada, ubicadas en el sector de La Rinconada en la comuna de Coquimbo.
En el lugar, dice el ente persecutor, los imputados realizaron "actos de señor y dueño", consistentes en la división del mismo en "tomas de terrenos": Rocas del Viento 2.000 y Esperanza en Jesús, donde demarcaron lotes e instalaron construcciones ligeras.
USURPACIÓN E INSALUBRIDAD
En la audiencia de formalización, el fiscal Gianni Stagno solicitó la medida cautelar de abandono de los terrenos tomados por parte de los imputados.
"No hay título alguno que puedan manifestar ellos. Es una toma absolutamente organizada, con pasajes, con roles. Hay una directiva y a menos que la defensa pueda comprobar que existe titularidad en el dominio y la posesión de los terrenos en los que permanecen los imputados, existen antecedentes más que suficientes para establecer que el 99 por ciento de los imputados han fijado su domicilio en el mismo lugar", argumentó Stagno.
El abogado querellante Omar Vargas se sumó a la solicitud realizada por el Ministerio Público, porque en La Rinconada han ocurrido diversos hechos que se han visto reflejados en que "la inmobiliaria cuenta con tres denuncias por parte de la Municipalidad de Coquimbo, ante el Juzgado de Policía Local, por acumulación de basura y microbasurales, por tala indiscriminada de fauna nativa y por insalubridad pública”.
"SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE LA VÍCTIMA..."
El defensor Marcos Cáceres rechazó la solicitud de la Fiscalía, ya que la penalidad asignada al delito establece sólo multas de seis a 10 unidades tributarias mensuales.
"Entendemos que resultaría desproporcionado, arbitrario, su señoría (expulsarlos). Por lo tanto, desde ese punto de vista, evidentemente no resultan necesarias (las cautelares) para los fines del proceso... Se debe investigar, se debe determinar y la Fiscalía o el querellante podrán renovar solicitud con mayores o mejor antecedentes a posteriori", planteó Cáceres.
La magistrada Alejandra Corvalán, tras escuchar a las partes, desestimó la solicitud de medida cautelar realizada por el fiscal y el querellante.
"Se trata de una medida que significa el desalojo del lugar que actualmente están habitando familias completas, afectando considerablemente la vida de dichas familias, sin que exista una sentencia firme y ejecutoriada, afectando así el principio de inocencia", dijo Corvalán.
Para la jueza, "resulta del todo desproporcionada la medida cautelar solicitada por parte del Ministerio Público; esto sin perjuicio del derecho que le pueda asistir a la víctima".
Corvalán, además, desestimó la solicitud del Ministerio Público de dictar orden de arresto contra los imputados que no se presentaron a la audiencia, pero ordenó que fuesen notificados.
Fijó un plazo de investigación de 120 días.