En prisión preventiva carabinero que causó daño ocular y fractura de cráneo a manifestante
El hecho ocurrió en octubre de 2019 en Temuco, en los primeros días del estallido social.
El uniformado disparó con una escopeta antimotines, desde un vehículo blindado, contra un joven de 29 años.
El Juzgado de Garantía de Temuco formalizó a un funcionario de Carabineros por provocarle un daño ocular a un joven en el contexto del estallido social, hecho por el cual quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.
El efectivo policial es acusado de tener participación en las lesiones graves gravísimas en un manifestante y que, según la información de la Fiscalía, el carabinero desde un vehículo blindado disparó una escopeta antimotines, dando en el rostro del joven, provocándole grave daño en su ojo izquierdo y una fractura en el cráneo.
"El actuar del imputado, funcionario de Carabineros, provocó que la víctima se viera privada funcionalmente de su ojo izquierdo", apuntó el fiscal Raúl Espinoza, aseverando que "desde el interior de un carro lanzaaguas, disparó una escopeta antidisturbios en contra de la víctima, la cual se encontraba a una distancia inferior a los 20 metros, sin que existiese proporción en la utilización de esa arma".
"La víctima, que se encontraba participando de las protestas, y que previamente había lanzado objetos contundentes en contra del carro policial, se vio con una pérdida bastante grande de visión en su ojo izquierdo, aparte de fracturas craneales que también fueron calificadas como graves por parte del Servicio Médico Legal", complementó.
El director regional del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Federico Aguirre, detalló que el joven tenía 29 años el 22 de octubre del 2019, cuando ocurrieron los hechos en la plaza Dagoberto Godoy, en el contexto del estallido social.
"Son hechos que le significaron a esta víctima la pérdida de su globo ocular como consecuencia del disparo de perdigones. Es uno de los 11 casos que el INDH ha levantado a través de la observación que realizó en el contexto del estallido social y presentó ante el Ministerio Público", acotó.
El Ministerio Público solicitó cuatro meses para el desarrollo de la investigación, tiempo que fue aceptado por el tribunal y que el funcionario policial deberá pasar en prisión preventiva ya que se consideró que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.