Piden penas de 4 y 2 años para dueños de hotel que operaba como residencia acusados de fraude
Los presuntos hechos habrían ocurrido el 2020 luego de que los acusados -según la acusación de Fiscalía- cobraran facturas que habían sido anuladas.
Desde la Unidad Anticorrupción dicen que existe posibilidad de un procedimiento abreviado, lo que supone el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados.
El Ministerio Público presentó acusación en contra de los dueños del hotel Queen Royal de Viña del Mar, quienes son sindicados como los presuntos autores del delito de fraude de subvenciones en contra del Estado.
Lo anterior por generar un perjuicio fiscal de casi 83 millones de pesos mientras las dependencias hoteleras operaban como residencia sanitaria apropósito de la pandemia.
En términos generales, los acusados –Claudio Benavides y Mauricio Rojas- cobraron facturas que habían emitido a nombre del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota y luego a la Seremi de Salud pese a que habían sido anuladas por ellos mismos, según dice la acusación fiscal, donde se establece que los servicios prestados de todas maneras habían sido cancelados a través de las facturas emitidas en reemplazo de las anuladas.
En ese sentido, el fiscal Claudio Rebeco dijo en la acusación que a la fecha los acusados "se han negado" a reintegrar el dinero "a sabiendas de su obligación de hacerlo (...) y pese a los distintos requerimiento que el Estado les ha formulado".
Por lo anterior, el persecutor anticorrupción solicitó para cada uno de los acusados dos penas de 4 y 2 años más multas de 24 y 12 UTM.
Los delitos, dijo Rebeco, "se pretenden acreditar en un juicio oral con prueba testimonial, cerca de 20 testigos y 50 documentos. La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 1 de julio y ahí se va a debatir la prueba que ingresaría a juicio".
"La investigación podrá terminar en un juicio oral o eventualmente en un procedimiento abreviado de acuerdo a las conversaciones que aún podrían producirse con las defensas", cerró el fiscal de la Unidad Anticorrupción.