Funcionarios del Hospital Psiquiátrico de Valparaíso se fueron a paro: exigen "acto reparatorio" de Yarza

Luego de que trascendiera un oficio donde la ministra de Salud, María Begoña Yarza, rectifica las polémicas declaraciones que realizó contra Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso y reconoce que sus acusaciones de "tortura" en tratamientos electroconvulsivo eran "improcedentes", médicos y funcionarios del recinto anunciaron este martes el comienzo de un paro hasta que la autoridad realice un "acto reparatorio público". 

Un primer documento firmado por la secretaria de Estado citaba el artículo 150 del Código Penal que abarca "la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y de otros agravios inferidos por funcionarios públicos", indicando que aquello "se configura en la medida en que se trata de funcionarios públicos que están actuando en forma contraria a la Lex Artis".

Según consignó hoy La Tercera, el nuevo oficio de la ministra de Salud señaló que "luego de reunirme con trabajadores de la salud mental del Hospital en cuestión y obtener mayor detalle del contexto en el que se circunscribieron los hechos, me parece pertinente hacerle llegar este informe, pues describe las condiciones de precariedad en cuanto a infraestructura, equipamiento y procesos en que se han desarrollado la práctica clínica en el referido establecimiento".

El documento señala que existe una "calificación jurídica distinta a lo dispuesta en el artículo 150 A del Código Penal, ya que a la luz de los nuevos antecedentes, esta me parece improcedente".

El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, planteó que "la ministra de Salud ha rectificado el oficio con antecedentes que se entregó, desestimando la calidad de torturas en el centro asistencial. Ya se ha referido y ha sido muy clara en ese sentido".

"Lo que nos convoca hoy día, tanto al Ministerio de Salud, la Subsecretaría, la ministra, pero también a los equipos de salud, por supuesto al Colegio Médico, a los sindicatos de la salud, es a trabajar en conjunto para el desarrollo y disminuir una brecha histórica que tiene la red de salud mental del país", recalcó.

SUSPENSIÓN DE INGRESOS

En rechazo por las acusaciones de Yarza, los trabajadores del Salvador, tras una asamblea abierta, suspendieron los ingresos para atención cerrada y abierta, las consultorías, las solicitudes de peritaje en la unidad forense, los ingresos a hospitalización domiciliaria y a la unidad infantojuvenil, así como las entradas desde las unidades de emergencia de los distintos recintos de la red.

Sin embargo, informaron que dispondrán de turnos éticos para los pacientes que ya están hospitalizados y que también entregarán recetas a usuarios de la atención abierta.

Puesto que la legislación no permite retirar una acusación que ya fue presentada a la Fiscalía cuando no se es víctima, los funcionarios esperan que la ministra "se presente en el hospital a hacer un acto reparatorio público con nuestros funcionarios", dijo Milena Rojas, presidenta de base de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Fedeprus) del Salvador.

"Ya no vamos a recibir a más pacientes que los que tenemos hasta este minuto. Cerramos la telemedicina y también los ingresos a las unidades de psiquiatría forense y los peritajes que nos piden de tribunales", señaló la dirigenta. 

"Teníamos que presentar un informe mañana a la ministra con algunas modificaciones que se van a realizar, con prestaciones que se van a brindar, y nosotros no estamos dispuestos hasta que no haya una reparación e indique que los funcionarios no son torturadores, porque nosotros también estamos recibiendo rechazo por parte de la comunidad. No podemos establecer diálogo cuando las confianzas se quebraron", agregó.

El presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, coincidió con los trabajadores, en cuanto a que "es muy difícil poder reconstruir las confianzas de la comunidad en su hospital, y del hospital en sus autoridades, si es que no se produce un acto reparatorio, en el cual la ministra pueda dar cuenta de un hecho que es indesmentible: en el Hospital Salvador se realizan tratamientos médicos, no se realizan ni torturas ni violaciones a los derechos humanos".

"Mejorar el estándar de atención en salud mental es un deber de la sociedad a nivel país y a nivel regional, pero la responsabilidad detrás de las brechas de infraestructura, recursos humanos, insumos y equipos es del Ministerio, del Servicio de Salud, y de la autoridad del hospital. En ningún caso es de los trabajadores, y mucho menos de los pacientes que ahí se atienden", subrayó el dirigente del gremio.