Mujer condenada a 20 años por estafas y loteos irregulares fue formalizada por nuevo timo
Se encontraba en libertad al existir un recurso de nulidad pendiente en la Suprema.
Se decretó la medida cautelar de prisión preventiva al considerarse la libertad de la mujer un peligro para la sociedad.
Se fijó un plazo de investigación de 60 días.
Ximena Burdiles, quien fue sentenciada en primera instancia, en diciembre de 2020, por los delitos de loteos irregulares y estafa a 20 años de presidio, volvió a ser formalizada por el mismo ilícito, esta vez cometido en octubre de 2021, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.
La fiscal del caso, Yocelyn Weisser, indicó que la nueva estafa que se le atribuye a Burdiles "tiene relación a terrenos existentes en la Parcela 45 en el sector de Pan de Azúcar, en Coquimbo. Mismos terrenos respecto de los cuales ella había sido condenada por el delito de estafa en diciembre de 2020".
"En ese juicio que duró alrededor de 10 meses, ella fue condenada por delitos reiterados de estafa, tanto en ese loteo como en otros respecto de más de 200 víctimas y varios loteos irregulares que se realizaron tanto en La Serena como Coquimbo", agregó Weisser.
¿Cómo puede ser que una persona sentenciada a 20 años de prisión, en diciembre de 2020 siga libre? Yocelyn Weisser señaló que "a pesar de estar en conocimiento de esta sentencia, que no se encuentra firme ni ejecutoriada, por existir un recurso de nulidad pendiente de la defensa en la Corte Suprema, que aún no se resuelve ella estaba en libertad y ha vuelto a cometer estos hechos de estafa".
Weisser, dijo que en la actualidad la investigación por la estafa cuenta con "un peritaje caligráfico de la PDI en que el nuevo documento suscrito corresponde a la firma de la imputada, ya que ella ha perfeccionado su modo delictual puesto que con esta víctima no suscribió escritura pública, sino un documento privado, lo que hacía más complicado establecer la autoría".
En la audiencia de formalización de la investigación, el magistrado Felipe Pizarro decretó la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por lo que ordenó su ingreso al complejo penitenciario Huachalalume de La Serena; y decretó, además, un plazo de investigación de 60 días.