Ex alcalde de San Ramón salió de prisión: Corte cambió su medida cautelar a arresto domiciliario
Miguel Ángel Aguilera, tras casi un año en la cárcel, esperará en su hogar la audiencia en que se discutirá la posibilidad de un juicio abreviado en su contra.
El ex jefe comunal es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.
La prisión preventiva "nos pareció siempre una medida cautelar injusta y excesiva, dado los antecedentes que existían en la investigación", señaló Mario Vargas, abogado defensor del ex alcalde.
El ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, dejará la prisión preventiva tras menos de un año y pasará a estar en arresto domiciliario total, según determinó este jueves la Corte de Apelaciones de San Miguel.
La Corte acogió un recurso de la defensa del ex jefe comunal y sustituyó la prisión preventiva que lo afectaba desde el 26 de julio de 2021, cuando fue imputado por los delitos de cohecho, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Debido a esto, Aguilera podrá esperar en su hogar la audiencia del próximo lunes, en la que se discutirá la posibilidad de un juicio abreviado en su contra, solo por cohecho. De concretarse esta medida, que requiere que la otrora autoridad admita su autoría en ese delito, se abre la posibilidad de salir definitivamente de la cárcel y cumplir su condena en libertad.
La determinación de la Corte de Apelaciones revirtió la decisión del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, que el pasado lunes rechazó el cambio de cautelares. En esa oportunidad, la jueza Lucía Giannini acusó que el ex alcalde de San Ramón es "un peligro para la seguridad de la sociedad".
Aguilera está siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito por más de 263 millones de pesos, cohecho por 17 millones de pesos y lavado de activos entre 2013 y 2017. Acusación que responde al presunto pago de coimas durante la adjudicación de contratos entre privados y el Municipio de San Ramón en su administración.
Acompañado de familiares y sin dar declaraciones, la tarde de este jueves dejó la cárcel de Santiago 1 para trasladarse a su hogar y esperar la próxima audencia en su caso, fijada para el lunes 25 de julio.
[Fotos] Miguel Ángel Aguilera, imputado por delitos de corrupción, dejó la prisión preventiva tras casi un año #CooperativaContigo https://t.co/IasJFkXGHI pic.twitter.com/SmFuGutxTM
— Cooperativa (@Cooperativa) July 21, 2022
"ERA UNA MEDIDA INJUSTA"
La determinación fue valorada por Mario Vargas, abogado defensor del ex alcalde de San Ramón, quien aseguró que la prisión preventiva dictada previamente contra su representado "nos pareció siempre una medida cautelar injusta y excesiva, dado los antecedentes que existían en la investigación".
"Esta investigación lleva más de cuatro años, a mi representado se le trató de que tenía vínculos con el narcotráfico y una serie de otras imputaciones gravísimas, sin embargo, en el transcurso del tiempo, se ha podido descartar todas y cada una de esas imputaciones de carácter grave", puntualizó el jurista.
En esta línea, dio cuenta que Aguilera "hoy está imputado por el delito de enriquecimiento ilícito y el delito de cohecho".
CRÍTICAS POR CAMBIOS DE CAUTELARES
El cambio de cautelares no tuvo una recepción positiva desde la Municipalidad de San Ramón, donde su alcalde, Gustavo Toro, señaló que "no estamos de acuerdo con la decisión de la Corte, creemos que Miguel Aguilera representa un peligro para la sociedad, sobre todo por los delitos que hoy se están formalizando y próximamente condenando".
"Creemos que la señal que debemos dar como institucionalidad, como Estado, debe ser clara: que no pueden llevársela fácil las personas que cometen delitos y dañan a las personas más vulnerables", enfatizó el jefe comunal.
Debido a esto, Toro afirmó que espera que a su antecesor en el puesto se le "inhabilite efectivamente para ejercer cargos públicos", dado que -en su opinión- su actuar "no le hace bien a la institucionalidad, no le hace bien al Estado, no le hace bien a los chilenos".
A esta mirada se sumó Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), quien indicó que "sorprende que sin haber habido ningún cambio en la circunstancia el juez haya cambiado su decisión y lo haya enviado a su domicilio. En los casos de corrupción no puede haber ningún tipo de negociación con el Ministerio Público, ni salida alternativa".