Imputados por almacenar imágenes explotación sexual infantil en Coquimbo quedaron con firma mensual
A los sujetos se le responsabiliza también la adquisición del material con contenido ilegal.
Desde febrero pasado que ambos acusados difundieron adquirieron material de este tipo.
Juzgado fijó 90 días para el desarrollo de la investigación.
Con arraigo nacional y firma mensual quedaron dos hombres, identificados con las iniciales A.J.L.R. y J.M.P.M, imputados por el Ministerio Público por el delito de adquisición y almacenamiento de imágenes de explotación sexual infantil que fueron detenidos en Coquimbo.
Funcionarios de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana y la Brigada de Delitos Sexuales La Serena de la PDI allanaron cinco domicilios en la comuna puerto en el operativo para arrestar a ambos sujetos.
En la diligencia se incautaron "dos equipos computacionales tipo notebook, un disco duro externo y un teléfono celular", explicó el comisario Carlos Ortiz de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales La Serena.
"Se pudo establecer que mantenían material con contenido de explotación sexual a niños, niñas y adolescentes, archivos virtuales que serán sometidos al análisis del Laboratorio de Criminalística a nivel central", agregó Ortiz.
De acuerdo a los antecedentes entregados por el Ministerio Público, el lunes 25 de julio los funcionarios de la PDI sorprendieron en sus domicilios a los imputados, quienes mantenían y almacenaban videos en que se aprecian, en su mayoría, a menores de sexo femenino en diversas interacciones sexuales, sean estas con adultos o siendo grabadas solas.
Asimismo, desde febrero de 2022 desde sus domicilios, ambos imputados difundieron y adquirieron material de explotación sexual infantil, fechas en la que efectuó solicitudes para descarga de estos archivos.
La magistrada Loreto Figueroa, durante la audiencia de formalización, acogió la solicitud de la Fiscalía respecto a las medidas cautelares, decretando la firma mensual en la Segunda Comisaría de Carabineros de Coquimbo, y arraigo nacional, durante los 90 días que durará la investigación.