Partido Socialista suspendió la militancia de ex candidata involucrada en la "Toma VIP" de Antofagasta
El Tribunal Supremo de la colectividad tomó la decisión tras conocerse la vinculación de Santander con la toma en el terreno fiscal.
Algunas de las cabezas del partido decidieron guardar silencio, al menos durante el tiempo que duren las investigaciones.
El Gobierno precisó que una toma de estas características es muy diferente a una que se produce por emergencias.
Tras el desalojo y demolición de la "toma VIP" en Antofagasta, el Tribunal Supremo del PS decidió suspender la militancia de Jacqueline Santander, dirigenta involucrada en la ocupación ilegal del terreno fiscal en la playa Huáscar, y que alguna vez fue candidata a Senadora.
Según dio cuenta El Mercurio de Antofagasta, los cuestionamientos y la detención de Santander llevaron al partido a tomar la determinación.
REACCIONES DENTRO DEL PS
Algunas de las cabezas del partido decidieron guardar silencio, al menos durante el tiempo que duren las investigaciones. Solo la militante y ex presidenta regional del PS, Andrea Merino, se refirió a la situación, y comentó que "todos y todas quienes cometan acciones que contravienen gravemente los principios del partido serán separados de la militancia".
"Este es un partido con más de 80 años de historia de luchas por una sociedad más justa, incluyendo hombres y mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas por esta causa (...) la solución a esta situación no es abandonar el barco, sino conducirlo a buen puerto. Las malas prácticas individuales no nos distraerán de eso. Porque como es de público conocimiento nadie está por encima de la ley, y creo que eso quedó bastante claro y demostrado con hechos" comentó.
Según el medio regional, la concejala Norma Leiva Escalona, militante del Partido Socialista, la cual suspendió temporalmente su militancia (a la espera de que los involucrados sean sancionados), realizó un análisis crítico del momento que vive actualmente el partido, además de referirse a la suspensión de Santander, como militante.
"Se aperturó una investigación y se decidió suspenderla mientras se resuelve la investigación (...) es un hecho lamentable, pero inevitable; a la luz de los hechos era impensable otro desenlace, ya que la toma en cuestión era ilegal. Entiendo que las autoridades se vieron obligadas a tener que derribar, tras realizar diferentes notificaciones", añadió.
Por parte del Gobierno, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, explicó que "es muy distinto una toma que corresponde a una necesidad habitacional en el contexto de una emergencia, que de una ocupación que no tiene nada que ver con esa necesidad".
"A necesidades distintas, tenemos que dar soluciones distintas, enfatizando que no legitimamos ni promovemos ningún tipo de ocupación (...) cuando hablamos de ocupaciones que no tienen esta justificación (de emergencia), nos importa mucho actuar rápidamente y evitar que estas se consoliden", comentó la ministra a Radio Cooperativa.