Gendarmería acusó ilegalidad en protocolos por beneficios carcelarios a internos mapuche en Angol
Tres detenidos fueron derivados hasta el Centro de Educación y Trabajo (CET) de esa comuna luego de un acuerdo logrado por el lonko de la comunidad mapuche de Temucuicui.
"Nosotros repudiamos que se interprete la normativa a petición de algún sector", advirtieron desde esta institución, que el viernes pasado realizó un paro de funciones.
Los jefes de bancada de partidos de Chile Vamos, Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Francisco Undurraga (Evopoli), anunciaron que evaluarán la posibilidad de acusar constitucionalmente a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por esta materia.
La diputada Gloria Naveillán (Partido Republicano) cuestionó también que se acceda a entregar este tipo de beneficios: "Estamos dando la señal de que acá el que presiona logra lo que quiere", señaló.
La entrega de beneficios carcelarios a tres internos mapuche en la cárcel de Angol, en la Región de La Araucanía, fue cuestionado por funcionarios de Gendarmería de ese recinto por una presunta ilegalidad en los protocolos.
Según se reveló, estos detenidos fueron derivados la semana pasada hasta un Centro de Educación y Trabajo (CET) semiabierto tras conversaciones desarrolladas por el lonko de la comunidad mapuche de Temucuicui, Víctor Queipul, en la cárcel de Angol.
Debido a esta situación, Eduardo Riquelme, presidente de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería, aseguró que los gendarmes del recinto penal se sienten molestos y abandonados por parte de las autoridades.
"Nosotros repudiamos que se interprete la normativa a petición de algún sector. Entendemos que el Estado de Derecho en Chile debe ponerse en efecto. Estamos todavía en un Estado donde las condiciones deben garantizarse por parte de las autoridades para todos los ciudadanos chilenos, sin excepciones", puntualizó Riquelme.
La molestia por estos beneficios también provocó que Gendarmería de Angol realizara un paro de sus funcionarios el pasado viernes.
En este contexto, los jefes de bancada de partidos de Chile Vamos, Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Francisco Undurraga (Evopoli), anunciaron que evaluarán la posibilidad de acusar constitucionalmente a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por esta materia.
Los parlamentarios advirtieron que la secretaria de Estado debe establecer responsabilidades administrativas y eventualmente penales en los próximos días, pedirle la renuncia al director regional de Gendarmería, Juan Navarrete, y revertir las medidas.
"SE ESTÁ DANDO LA SEÑAL: EL QUE PRESIONA LOGRA LO QUE QUIERE", CUESTIONÓ DIPUTADA REPUBLICANA
La situación fue abordada también por la diputada Gloria Naveillán (Partido Republicano), quien cuestionó que se acceda a entregar este tipo de beneficios, dado que -en su opinión- es una mala señal por parte de las autoridades.
"Dirigentes de Temucuicui paseándose como 'Pedro por su casa' por la oficina del alcaide y por dentro del centro penitenciario de Angol. Afuera una turba de gente gritando, tocando trutruca y amenazando con palos, etcétera. ¿Qué se logró? A las 00:30 de la noche un acuerdo, mediante el cual los que estaban en huelga de hambre la deponen a cambio que tres de ellos sean trasladados al CET de Angol. Es decir, lograron lo que querían", criticó la parlamentaria.
En esta línea, aseguró que este acuerdo incluye que "menores de 14 años no tendrán que ser enrolados para entrar a visitar en la cárcel, como en cualquier otra cárcel con cualquier otra persona". Mientras que también "van a poder ir a jugar Palín dos veces al año al CET de Angol los que están en la cárcel de Angol".
"¿Qué significa todo esto? Yo entiendo que el Gobierno pueda tener miedo de que alguien en huelga de hambre le pase algo, pero por favor, ¿qué señal estamos dando? Estamos dando la señal de que acá el que presiona logra lo que quiere", advirtió Naveillán.