Carolina Tohá mantiene juicio de cuentas en curso en Contraloría
El ente fiscalizador investiga, desde 2019, posibles "gastos improcedentes y sin respaldo" por 265 millones de pesos durante la época en que la nueva ministra del Interior era alcaldesa de Santiago.
Se trata de una eventual irregularidad administrativa en el manejo de recursos públicos: su destinación a fines distintos a los autorizados, además de rendición de facturas erróneas.
Actores de la oposición hicieron notar que este proceso está abierto para cuestionar la idoneidad de la extimonel PPD, nueva jefa del gabinete ministerial de Gabriel Boric.
El juicio de cuentas por "gastos improcedentes" que lleva la Contraloría General de la República contra la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), sigue en primera instancia luego de casi cuatro años en curso.
Según consignó El Mercurio, el ente fiscalizador en 2019 emitió un informe catalogando como "gastos improcedentes y sin respaldo" el uso de 265 millones de pesos mientras (Tohá) se desempeñaba como alcaldesa en la comuna de Santiago, entre los años 2012 y 2016.
La resolución de dicha auditoría señaló que se usaron recursos públicos que estaban destinados para ciertos fines, como la Subvención Escolar Preferencial, pero que finalmente derivaban en otras cosas, incurriendo en una irregularidad administrativa. En el mismo, se destaca el pago de una indemnización a un profesor; la contratación de cursos; compra de elementos tecnológicos y la adquisición de infraestructura para colegios.
El documento, además, sostiene que se realizaron gastos por remuneración indebida y que se rindieron facturas erróneas. Este juicio se encuentra en su primera instancia, en la etapa probatoria, donde se recaban antecedentes del informe de auditoría y escuchan argumentos de la defensa; luego, se debería dictar una sentencia.
Aun así, todos los sumarios y juicios de cuentas se mantuvieron congelados por la pandemia del Covid-19, retomándose algunos de ellos este año, sin embargo, éste podría demorarse hasta tres años en concluir, debido a la lentitud de los procesos.
Desde la Contraloría anticiparon que esta investigación, al no ser un proceso judicial sino administrativo, no debería tener problemas tras el arribo de la exalcaldesa al Gobierno.