Exministra Vega deberá declarar como imputada en causa penal por contacto con Llaitul
La otrora titular de Desarrollo Social está querellada por un abogado RN, quien apunta a esclarecer el "telefonazo" de una asesora al líder de la CAM en mayo.
También están citados como testigos la exministra Izkia Siches, el subsecretario Manuel Monsalve y la hasta hace poco asesora presidencial Lucía Dammert.
En medio la polémica generada la filtración del "telefonazo" a Llaitul, Vega dejó su cargo el 25 de agosto.
La exministra de Desarrollo Social Jeanette Vega fue citada a declarar en calidad de imputada en la causa penal que fue abierta tras conocerse que, el 11 de mayo, una asesora se contactó por teléfono con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
La funcionaria, Tania Santis, solicitó entonces a Llaitul que tuviese una conversación con la titular, sin precisar si Vega se encontraba con ella al momento de la llamada. La filtración ocurrió en agosto, lo que provocó la salida de la secretaria de Estado del gabinete; un mes después, en entrevista con La Tercera, defendió que "no había ninguna razón -en ese momento- para no hablar con él", aunque aclaró que "jamás conversé" con el líder de la CAM.
Llaitul, previamente, había formulado un llamado a "organizar la resistencia armada" contra la acción del Estado chileno.
En ese marco, según El Mercurio, el abogado Marcelo Brunet, integrante de la Comisión Política de Renovación Nacional, interpuso una querella contra Vega por obstrucción a la investigación, incumplimiento a la obligación de denunciar y el ejercicio ilegal del cargo.
El letrado de oposición apuntó también a aclarar el rol que tenía Vega entonces como coordinadora interministerial para la Macrozona Sur: "Ella asumió la representación del Gobierno también para enfrentar los temas de seguridad (por eso es que la ministra Siches es quien le habría manifestado el 'encargo'), de modo que intentar contactarse con la persona que horas antes había llamado a tomar las armas para enfrentar al Gobierno, sumado a la resistencia de la autoridad a perseguir dichas acciones, configura al menos un incumplimiento del deber de denuncia".
Cuestionó asimismo "la voluntad de contactarlo", porque -a su juicio- "no existía la misma voluntad para avanzar en el esclarecimiento de los hechos delictivos en que incurrió el imputado", y recordó que el Ejecutivo finalmente decidió querellarse contra Llaitul solo dos meses después.
Las diligencias de la causa penal están a cargo de la Brigada de Investigaciones Especiales (BIPE) de la PDI.
De acuerdo con El Mercurio, entre las preguntas encargadas para la declaración de Vega se apunta a clarificar "si efectivamente ella asumió la coordinación interministerial de la Macrozona Sur", así como a quién le asignó este rol, basado en qué documento o acto administrativo y si estaba al tanto del llamado de su asesora al líder de la CAM.
En ese sentido, deberá responder sobre las "razones para comunicarse con Héctor Llaitul, si se produjo esa comunicación y si informó a alguna otra autoridad de esta comunicación".
También fue citada la propia asesora Tania Santis, a fin de averiguar "quién le encargó el llamado", cómo consiguió el número y "si tiene conocimiento de que (eventualmente) se produjo la conversación entre Llaitul y la exministra Vega".
Además, fueron llamados a declarar como testigos la exministra del Interior Izkia Siches, la exjefa de asesores del Presidente Gabriel Boric, Lucía Dammert, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Se instruyó, asimismo, la recuperación de documentos en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, relativos a actos administrativos para la coordinación interministerial o actas de sesiones sobre ese asunto.