Municipio ordenó que dueño de predio costee demolición de viviendas levantadas por usurpadores
La decisión de la alcaldía de Quillota se funda en que las edificaciones no tienen permiso y constituyen una urbanización en suelo rural, que contraviene la ley.
La familia Easton, propietaria del Fundo Santa Rosa de Colmo, dice estar dispuesta a asumir los costos -"aunque no nos corresponda"-, pero pide apoyo de la fuerza pública para concretar el desalojo.
Una ola de tomas afecta a numerosas regiones de Chile hace varios años, y se apunta a la acción organizada de mafias que operan con maquinaria pesada para lotear y vender terrenos que no les pertenecen. El empresario Alejandro Correa fue una de las víctimas y terminó asesinado por un sicario.
La Municipalidad de Quillota ordenó a la familia dueña del fundo Santa Rosa de Colmo que costee la demolición de las viviendas que, contra su voluntad, levantaron 120 familias que desde mayo mantienen tomadas 20 hectáreas de la propiedad.
La decisión emanada por la Dirección de Obras Municipales se fundó en que las edificaciones no cuentan con permiso de obras y constituyen una urbanización en suelo rural, lo que contraviene la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la protección a los suelos rústicos que brinda la ley 3.516.
Una legislación que "señala que es el propietario el responsable de cumplir con estos requisitos", afirmó a El Mercurio el director de Obras, Marcelo Merino.
Claudio Easton, vocero de la familia, dijo en el matutino que aún no reciben la notificación, la que esperan para formularle una propuesta a la autoridad. Lo que "sí puedo anticipar que, aunque no nos corresponda, podríamos asumir los costos eventualmente, pero esto tiene que estar acompañado de la fuerza pública. ¿Cómo vamos a ir nosotros? ¿Tendremos que contratar una empresa de guardias y que vayan armados con palos?", sostuvo.
"Esas no son nuestras edificaciones, no cuentan con permiso ni siquiera del dueño y nacen de un acto de fuerza ilegítimo y delictual, no obtenemos ninguna ganancia de ellas. Pero lo que queremos es recuperar el predio libre de toda ocupación y si nos ordenan demoler, demoleremos", insistió su abogado Gerardo Inserrato.
Desde la familia apuntan que quien dicta la orden también debe brindar la seguridad. El director de Obras, no obstante, negó que el municipio pueda disponer de la fuerza pública para esos fines, dado que la ley hace recaer esa facultad en la autoridad provincial o regional.
De todos modos, "con la notificación municipal, el propietario tendrá más argumentos en el juicio para desalojar a los ocupantes y es el mismo tribunal el que autoriza el uso de la fuerza pública", subrayó Merino.
Desde la Delegación Presidencial Provincial de Quillota manifestaron en el periódico su disposición a colaborar, apuntando que, "evidentemente, se otorgará el auxilio de la fuerza pública en tanto corresponda y de acuerdo con lo que establece la ley".