Fiscalía investiga 309 delitos sexuales de agentes del Estado denunciados durante el estallido social
Entre los tipos de denuncias se encuentran: violencia sexual, desnudamiento forzado y violación.
El número total de delitos por violencia institucional, entre octubre de 2019 y marzo de 2020, asciende a 10.761, aseguró fiscalía.
El Ministerio Público de Chile confirmó este jueves la investigación en curso de 309 causas por delitos sexuales denunciados contra agentes del Estado entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, en medio de la ola de protestas que remeció al país.
En detalle, según una circular firmada por el fiscal nacional subrogante, Juan Agustín Meléndez, se trata de 47 denuncias registradas como "violencia sexual", 254 identificadas en la categoría "desnudamiento forzado", mientras que se investigan ocho causas por los delitos de "violación, abuso sexual con sorpresa y/o sin consentimiento y abuso sexual con circunstancia de violación".
La información fue emitida por el Ministerio Público en respuesta a un requerimiento enviado por cuatro parlamentarias de la UDI, que solicitaron pronunciamiento al organismo tras los dicho del presidente de la República, Gabriel Boric, sobre la materia.
"Como Estado, debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable, hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir", sentenció el mandatario en el tercer aniversario de la ola de protestas.
De acuerdo a la Fiscalía, con datos consolidados hasta el 14 de septiembre de este año, se registran diez investigaciones formalizadas, ocho de las cuales corresponden a desnudamientos forzados, una a violencia sexual y una a delitos sexuales.
Además, el ente persecutor aseguró que el total de casos investigados por delitos de violencia institucional ocurridos durante el estallido social asciende a 10.761.
A principios de este mes, el Gobierno firmó un memorándum con ONU Mujeres basado en seguridad pública, en el marco de la reforma a la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros.
El acuerdo compromete la colaboración técnica de ONU Mujeres, a través de su metodología, para transversalizar la perspectiva de género en materia de seguridad pública e incorporar este enfoque en todo el quehacer de las policías.
El estallido social de 2019 dejó una treintena de muertos, miles de heridos y señalamientos contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos de parte de diversos organismos internacionales.