Chile y otros 40 países denunciaron represalias de Israel contra Palestina tras resolución de la ONU sobre territorios ocupados
Tel Aviv implementó "medidas punitivas" luego de que la Asamblea General aprobara pedir una "opinión consultiva" a La Haya.
Naciones que votaron en contra del documento rechazan las sanciones.
Unos 40 países respaldaron este lunes una declaración para denunciar las represalias impuestas por Israel contra Palestina en respuesta a la aprobación en la Asamblea General de la ONU de una resolución que solicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una "opinión consultiva" sobre la ocupación israelí de territorios palestinos.
El texto, distribuido por fuentes palestinas, expresa "profunda preocupación por la decisión del Gobierno de Israel de imponer medidas punitivas" por ese documento, que fue adoptado por los Estados miembros de Naciones Unidas a finales de diciembre con 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones.
Entre los firmantes de la declaración hecha pública este lunes figuran numerosos países europeos, incluidos varios que votaron en contra de la resolución el mes pasado; naciones latinoamericanas como Argentina, Brasil, Chile, Cuba y México y algunos Estados de otros continentes como Japón, Argelia y Nueva Zelanda.
La Secretaría General de la ONU, preguntada al respecto, también dijo este lunes a través de una portavoz que no debería haber medidas de represalia contra Palestina por la cuestión de la CIJ.
Según medios israelíes, entre las acciones adoptadas por Israel en respuesta al texto de la Asamblea de la ONU figura la congelación de ciertos fondos que corresponderían a palestinos.
La iniciativa aprobada en diciembre por la Asamblea General a propuesta del Gobierno palestino pedía al máximo tribunal de Naciones Unidas pronunciarse sobre el conflicto de acuerdo con el derecho internacional y la Carta de la ONU.
También investigar las medidas israelíes encaminadas a alterar la composición demográfica y el status de Jerusalén, y exige a Israel no aplicar leyes y medidas "discriminatorias".
Las autoridades palestinas celebraron su aprobación como una importante victoria diplomática, mientras que el Gobierno israelí la rechazó de inmediato.