EEUU concedió extradición a Perú del expresidente Toledo

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EFE

El exmandatario (2001-2006) está acusado de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.

Detenido en 2019 en California, "en días" podría arribar al país vecino.

En paralelo, la Fiscalía avanza en las investigaciones contra la hoy gobernante Dina Boluarte por muertes en las protestas, y de su antecesor, Pedro Castillo, por corrupción.

 EFE (archivo)

 

La Justicia estadounidense dio luz verde en septiembre a la extradición de Toledo, pero la decisión final quedó en manos del canciller Antony Blinken.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), solicitado por la Justicia del país andino por delitos de corrupción, informó este martes la Fiscalía de Perú.

"La Fiscalía de la Nación, como autoridad central en materia de extradiciones, informa que se ha tomado conocimiento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América concedió la extradición de Alejandro Toledo Manrique, por los delitos de colusión y lavado de activos", detalló la Fiscalía en Twitter.

El Ministerio Público agregó que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación "viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de su extradición".

Toledo es acusado en su país de recibir decenas de millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en sus negocios en Perú, cuando aún era presidente.

En concreto, el exmandatario ha sido investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.

El exmandatario fue detenido en 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pudo salir de la cárcel y pasar al arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de la covid-19.

En septiembre pasado, la Justicia de Estados Unidos dio luz verde a su extradición a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, aunque la decisión final quedó en manos del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

FISCALÍA ESPERA QUE TOLEDO ESTÉ "EN DÍAS" EN SU PAÍS

La Fiscalía de Perú espera que el expresidente Toledo esté "en días" en el país, luego de confirmar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió su extradición por delitos de corrupción.

"Podría tardar unos días, no sabría decir cuántos, pero entendamos que la decisión de Estados Unidos en ambas etapas, la judicial como la del Ejecutivo, ha otorgado al Estado peruano la extradición", declaró en el Canal N el jefe de la Oficina de Extradiciones del Ministerio Público, Alfredo Rebaza.

El representante de la Fiscalía reafirmó que puede "confirmar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos mediante una nota diplomática ha informado a las autoridades peruanas que se ha concedido la extradición".

Ahora, dijo, "nace una etapa de coordinación" entre la Fiscalía, los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior y la Interpol, con las autoridades de Estados Unidos.

AVANZA INVESTIGACIÓN DE BOLUARTE POR MUERTES EN PROTESTAS y DE CASTILLO POR CORRUPCIÓN

Por otra parte, la Fiscalía de Perú anunció este martes que continúa la investigación a la presidenta Dina Boluarte por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y genocidio, entre otros, por la represión de las protestas antigubernamentalesque comenzaron en diciembre.

"La Fiscalía de la Nación realizó diligencias de exhibición de documentos en la sede de la Región Policial Lima, en el marco de las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y otros", informó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.

Además, adjuntó imágenes en las que se aprecia personal de la Fiscalía visitando diferentes establecimientos, entrevistando a policías y revisando documentos.

El 10 de enero la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, dispuso abrir la investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.

En paralelo, la Fiscalía de ese país formalizó en esta jornada la investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo como presunto autor de varios delitos de corrupción durante su Gobierno, después de que el Congreso aprobara el viernes pasado el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso previo necesario.

"La Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria contra el expresidente de la República Pedro Castillo como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada y tráfico de influencias agravado; y presunto cómplice del delito de colusión simple", anunció el Ministerio Público en Twitter.

Esta investigación preparatoria es el paso previo a una acusación por parte de la Fiscalía contra Castillo, puesto que el expresidente ya no posee la inmunidad con la que contaba al tratarse de un caso durante su mandato como presidente.

El Congreso de Perú aprobó el viernes el informe final de una denuncia constitucional que recomienda a la Fiscalía acusar al expresidente Castillo por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.

CASTILLO CONSIDERA "PREGUNTAS CAPCIOSAS" INTERROGANTES SOBRE GOLPE DE ESTADO

El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) calificó de "preguntas capciosas" las interrogantes que le hizo la Subomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso sobre las decisiones y el contexto que lo llevaron a intentar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.

"Me abstengo a declarar, al amparo del artículo 170 numeral 6 del NCPP (Nuevo Código Procesal Penal), al ser una pregunta capciosa, ya que no se puede determinar si mi respuesta es como imputado y testigo", sostuvo Castillo al responder a 11 preguntas que le envió la SAC, señaló un documento difundido este martes por el Canal N.

El numeral 6 del artículo 170 del NCPP indica que "son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última, en el contrainterrogatorio. El fiscal o el juez, según la etapa procesal que corresponda, las rechazará, de oficio o a pedido de algún sujeto procesal".