Fiscal nacional solicitó informe por "telefonazo" de diputada Orsini

El fiscal nacional, Ángel Valencia, informó este jueves que solicitó un informe para evaluar el polémico "telefonazo" de la diputada Maite Orsini (RD) a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, la general Karina Soza, por una supuesta "vulneración de derechos" que afectó al exfutbolista Jorge Valdivia durante un procedimiento.

Según adelantó el líder del Ministerio Público, requirió "un informe sobre esa situación", aunque todavía no tiene mayores antecedentes respecto a las diligencias por esta llamada, que se dio por una supuesta "vulneración de derechos" que afectó al exfutbolista Jorge Valdivia durante un procedimiento.

"Una vez que lo hayamos podido revisar, podremos tomar una decisión si corresponde en mi competencia como fiscal nacional, hacerlo", puntualizó Valencia a Tele13.

La parlamentaria Orsini se autodenunció en Fiscalía para que se investigue lo ocurrido y, finalmente, se descarte un caso de corrupción por tráfico de influencias.

CUESTIONAMIENTOS DESDE TRANSPARENCIA

La situación también fue abordada por Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, quien cuestionó el actuar de la diputada RD, asegurando que "llamar a un alto oficial de Carabineros para interceder por una persona detenida nunca ha sido tarea parlamentaria".

"Además, muy poca gente tiene un político dispuesto a hacer ese tipo de llamado, lo que deja mucho más en claro que estamos ante un privilegio. También hay que decir que hay muchas autoridades que reciben llamados todo el tiempo y no por eso se dejan influenciar", analizó el experto.

Ante esto, afirmó que "lo más importante aquí es ser práctico, que para el futuro este tipo de situaciones, sabiéndose dejen mucho más reducido el espacio para que este tipo de prácticas, en una cultura que tiene mucho que ver con el 'pituto' como la chilena, se vayan reduciendo hasta llegar a su mínima expresión".

REACCIONES EN EL OFICIALISMO Y EL GOBIERNO

Desde el Gobierno, en tanto, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, tomó una postura alejada del tema y aseguró que "nosotros le dejamos a la justicia la definición, la propia diputada decidió que así fuera".

Mientras que en el oficialismo, la diputada Karol Cariola (PC) afirmó que le parece que "lo que no puede ocurrir es que acá se hagan juicios o prejuicios adelantados para destruir la imagen de una parlamentaria".

"Me queda la impresión de que en estos últimos días lo que ha habido con la diputada Orsini ha sido una acción de ensañamiento de distinta forma", puntualizó la parlamentaria comunista.

CHILE TRANSPARENTE PIDE MODERNIZAR LA LEY DE LOBBY

En conversación con El Diario de Cooperativa, la directora ejecutiva de la ONG Chile Transparente, María Jaraquemada, abogó por la modernización de la Ley de Lobby (2014), que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios públicos, que si bien marcó un antes y un después en la actividad.

"Cuando se dictó la Ley de Lobby -a mí me tocó trabajar en su tramitación, de hecho- las comunicaciones no quedaron incluidas, porque recientemente había salido un fallo del Tribunal Constitucional sobre la privacidad de los correos de los funcionarios públicos, en un caso cuando (Cristián) Larroulet era ministro de la Segpres", señaló.

Dos años antes de la aprobación de la normativa, en octubre de 2012, el TC resolvió a favor del entonces secretario general de la Presidencia del primer Gobierno de Sebastián Piñera un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que buscaba proteger el derecho a la privacidad de los funcionarios públicos, ante la solicitud de que revelara el contenido de alrededor de 300 emails.

Dicha causa se originó a partir de una petición de información acerca del proyecto de Alta Dirección Pública, realizada a través del Consejo para la Transparencia por la fundación Ciudadano Inteligente.

"Las comunicaciones no entran en la Ley de Lobby y obviamente queda un flanco bastante grande abierto. En países como Estados Unidos se trata todo tipo de contacto, por paloma mensajera o por mensaje de texto o Whatsapp", dijo Jaraquemada.

"Honestamente, ya que el Presidente dijo en su Cuenta Pública del año pasado que una de sus prioridades era modernizar la Ley de Lobby, creo que valdría la pena reconsiderar esto y pensar si podría haber un cambio; si no, no se está cumpliendo con el objetivo de la ley, que es que todo intento de influir en una toma de decisión de una autoridad tenga la debida transparencia y rendición de cuentas", concluyó.