Frente Amplio y Partido Comunista llevarán la Ley Naín-Retamal al Tribunal Constitucional

El Partido Comunista y el Frente Amplio confirmaron que llevarán al Tribunal Constitucional la recién aprobada ley "Naín-Retamal", que, entre otros aspectos, permite la legítima defensa privilegiada de las policías.

Así lo confirmó el diputado Boris Barrera (PC), quien explicó que "creemos de que si bien se puede decir de que este proyecto avanza en algunas cosas, creemos que no cumple los objetivos, y por eso es que denunciamos aquí que la derecha solamente ha hecho de esto casi pirotecnia, porque creemos que no cumple lo que dice que va a cumplir. Yo les quiero decir a todos: mañana nada va a cambiar con esta ley, que no los engañen".

En esta línea, aseguró que "el problema aquí es la lucha contra el crimen organizado, contra los narcotraficantes, con los que tienen las armas", por lo que planteó que "tenemos que fortalecer la inteligencia, tenemos que perfeccionar más a las policías para poder atacar a ese crimen organizado antes de que se enfrente a Carabineros".

"Por eso es que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, porque hay artículos que nos han dado alerta de todos los sectores expertos, constitucionalistas, criminalistas, desde organismos internacionales que no solamente han hablado de la forma en que se ha legislado, de manera tan rápida, sin escuchar a los expertos; que hay experiencia internacional que dicen que esto pone en riesgo a las personas, y también la institución", recalcó. 

Con esta acción, puntualizó el parlamentario comunista, buscar ir "por esos artículos que ponen en riesgo a las personas, a las instituciones y van en contra de la Constitución, por ejemplo, le quita la atribución a los jueces de que puedan dictar sentencia de acuerdo a un rango establecido y las dejan solamente en el rango máximo, lo cual es contrario a cualquier Estado de Derecho".

"NOS PREOCUPA MUCHÍSIMO"

Por su parte, la presidenta de Revolución Democrática (RD), la diputada Catalina Pérez, fustigó que "pese a todos los esfuerzos desplegados por el Ejecutivo en el Senado, que lograron mejorar bastante de las aberraciones que la Comisión de Seguridad del Senado buscaba aprobar -entre esas, la falta de responsabilidad del mando, por ejemplo-, mantenemos en el corazón algo que nos preocupa muchísimo, que es la legítima defensa privilegiada".

En esta línea, Pérez expresó su temor de que esta atribución sigue "sin dar una garantía adecuada para el adecuado acceso a la justicia no de narcotraficantes o delincuentes, sino que de ciudadanos y ciudadanas".

"Además, creemos que hay determinadas normas que incluso hoy día presentes en otras legislaciones son constantemente objeto de recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Por tanto acá ocurre algo muy grave: le estamos diciendo a la ciudadanía que se va a poder aplicar una norma que actualmente en otra legislaciones no se puede aplicar, y por lo mismo nosotros esperaríamos que hubiese una legislación honesta, vamos a llevar estas normas al Tribunal Constitucional para que se aclare la pertinencia", acotó la diputada oficialista.

Por otro lado, su par de CS Lorena Fries hizo una autocrítica: "Nos pasaron por arriba, a pesar de que teníamos un cronograma que anunció el Gobierno respecto de las reglas de uso de la fuerza. Por lo tanto, hay un aprendizaje que yo espero que como bancada asumamos, y que el Gobierno también asuma".

CHILE VAMOS EMPLAZA A RESPETAR EL ACUERDO PARLAMENTARIO

Desde la oposición, el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, llamó al Presidente Boric a que "le pida a sus parlamentarios que respeten el acuerdo al que llegamos en el Senado", pues este no puede ser "desconocido por los parlamentarios de izquierda, llevando esto al Tribunal Constitucional, o por el mismo Gobierno, vetando esta ley".

"Los acuerdos están para cumplirse, y si el Gobierno no lo cumple ni lo hace cumplir, habrá lesionado gravemente las confianzas con la oposición para todos los acuerdos a los que hay que llegar en el futuro", aseveró.

Frente al anuncio oficialista, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se limitó a señalar que acudir al TC "es un derecho de los parlamentarios", que el Gobierno ha reconocido "cada vez que ellos hacen uso de esta facultad".