Valencia se reunirá este lunes con el Consejo de Fiscales Regionales para abordar la migración irregular

Para este lunes está agendada la reunión entre el fiscal nacional, Ángel Valencia, y los 19 fiscales regionales que agrupan el consejo, para analizar las consecuencias de la migración irregular y la polémica solicitud de prisión preventiva para los extranjeros que no cuenten con cédula de identidad.

La medida que fue anunciada el jueves a raíz de la muerte del carabinero Daniel Palma, y consiste en solicitar la medida cautelar a cualquier extranjero que sea detenido y no cuente con su rut al día, para que no quede en libertad sin lograr verificar su identidad. Esta comenzará a ser aplicada en la Región Metropolitana y se espera que en los próximos días en todo el país.

Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, señaló que se deben agotar todas las instancias para identificar a una persona que cometa un delito y que de eso se hablará en el consejo.

"La instrucción que hay en primera instancia es: ampliar el plazo de la detención hasta por tres días, con el fin de establecer la identidad de estas personas, si no es posible en ese caso y sólo en ese escenario, se va a pedir la prisión preventiva considerando que la libertad de esta persona podría, eventualmente, generar un peligro de fuga", especificó.

CONSENSO PARLAMENTARIO

Desde el mundo parlamentario hay consenso con la medida, así lo señaló el diputado José Durana (UDI), apuntando que "está en función de la realidad que hoy día está viviendo el país".

"Es imposible poder entender de que las personas finalmente quedan en libertad y no tenemos un registro, no sabemos dónde viven, qué hacen o en qué lugar están. Cuando hablamos de prisión preventiva es al menos hasta que tengamos la capacidad como Estado de Chile de generar un control biométrico", sostuvo.

Sin embargo, su par Esteban Velásquez (FRVS) dijo estar de acuerdo en que se utilicen todos los instrumentos, pero espera "lo que no ha habido probablemente en la discusión de otras normativas, que sea con la pausa y reflexión necesaria, y no estar al límite de algún atropello a un derecho fundamental".

La medida de la Fiscalía también ha sido cuestionada por asociaciones promigrantes, por sus posibles repercusiones xenofóbicas en la sociedad chilena, por lo que la Fundación Defensoría Migrante anunció una denuncia contra el Ministerio Público.

SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA

En tanto, tras lo advertido por oficiales penitenciarios en la última jornada, la senadora Alejandra Sepúlveda recalcó que "tenemos una sobrepoblación en las cárceles hoy, reconocida por todos", y por lo tanto, "hay que tener una política carcelaria".

"Creo que tenemos complicaciones en algunas construcciones, las licitaciones se han declarado desiertas, y por lo tanto, hay que aumentar la cantidad de recursos en esa licitación para que existan oferentes", propuso.

No obstante, su par de RN Rodrigo Galilea admitió que "tenemos una sobrepoblación carcelaria, pero esas son cosas que debe ir resolviendo el Ejecutivo, y Chile no puede mantenerse de brazos cruzados frente a una situación como esta simplemente porque las cárceles están eventualmente sobrepobladas".

MINISTRO EXPRESÓ PREOCUPACIÓN POR EVENTUAL "INCENTIVO A LA XENOFOBIA"

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, manifestó su inquietud por la decisión del ente persecutor de revelar los rostros de los "sujetos de interés" del crimen de Daniel Palma, aunque admitió que no es la primera vez que ello ha pasado, y "creo que lo está haciendo porque tiene un fin y un propósito para la eficacia de la investigación".

"Hay que preocuparse en el largo plazo de que este tipo de figuras no terminen por incentivar animosidades o xenofobia, pero creo que es una obligación que no es del Ministerio Público, sino que más bien colectiva. Mi observación no es legal, sino que más bien de compromiso colectivo; hay que tratar de contener polarizaciones", reflexionó.

Además, en entrevista con "Mesa central" de T13 indicó que desde este lunes el Registro Civil dispondrá de una oficina en el Centro de Justicia de Santiago para permitir el enrolamiento de personas extranjeras, con el fin de agilizar el proceso.