Gobierno ingresó proyecto para regular reglas del uso de la fuerza en procedimientos policiales
La iniciativa busca actualizar los protocolos que rigen hoy a los funcionarios, elevando el rango de estas normas a un estatuto jurídico.
Complementa, así, la recientemente promulgada ley Naín-Retamal.
Con este proyecto, el Estado impone "un estándar" para el ejercicio del uso de la fuerza, con "garantías de transparencia en bien de todas las partes involucradas", ha dicho la ministra Carolina Tohá.
Tal y como había adelantado a principios de abril, el Gobierno ingresó su proyecto de ley sobre reglas del uso de la fuerza para policías.
La iniciativa tiene una función de complementariedad respecto de la nueva ley Naín-Retamal, que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la Policía Marítima y de Aeronáutica Civil.
Según detallaron desde Interior, el proyecto busca normar el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, como también de las Fuerzas Armadas cuando, excepcionalmente, acuden a tareas de resguardo del orden público.
Asimismo, pretende regular los protocolos, lineamientos, instrucciones o cualquier otro instrumento que norme el uso de la fuerza en la mantención del orden público y de la seguridad pública interior.
En su formulación, busca tomar los actuales estándares del uso de la fuerza ya existentes en nuestro país, actualizarlos e incorporar las recomendaciones de distintos organismos internacionales al respecto, elevando el rango de estas normas a un estatuto jurídico.
Así, esta regulación complementa tanto al Código Penal como al de Justicia Militar, incorporando protocolos específicos que hasta ahora eran emitidos por Carabineros a través de circulares.
"Nos va a subir el estándar de cómo está regulada esta materia. Donde también lo que respecta a las cámaras de video (que se usan en los procedimientos policiales) tiene enorme cabida, porque hace toda lógica que en estas reglas se establezca también un estándar y el Estado mismo se imponga un estándar que como parte del ejercicio del uso de la fuerza haya estas garantías de transparencia que en bien de todas las partes involucradas", detalló la ministra del Interior, Carolina Tohá, al anunciar la presentación del proyecto a principios de abril.
Este proyecto nace de un Protocolo de Acuerdo firmado en el marco de la tramitación de la reforma constitucional para la Protección de la Infraestructura Crítica, en la Comisión Mixta.
En su formulación, los ministerios del Interior y Seguridad Pública y Defensa Nacional y los parlamentarios de la Comisión Mixta consideraron como instrumentos de apoyo el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir La Ley (ONU, 1979); los principios sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (ONU, 1990); orientaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos; la revisión de experiencia comparada de países como Alemania, España, Uruguay, Francia y Reino Unido; los compromisos adquiridos por Chile ante la Comisión Interamericana de DD.HH. en el caso de Alex Lemún contra el Estado de Chile (2018) y distintas mociones parlamentarias en trámite presentadas por legisladores de los distintos sectores políticos.