Luis Lugo deberá cumplir de modo efectivo la condena que lo tenía con "libertad vigilada"

Durante esta mañana, Luis Lugo Machado, uno de los detenidos por su presunta participación en el crimen del cabo Daniel Palma en Santiago, debió enfrentar a la justicia por un quebrantamiento de condena.

Esta situación tiene que ver con una causa en 2021, cuando Machado fue detenido por porte de armamento en el peaje de Agua Amarilla, en la comuna de Penco. En ese entonces, se le dio una condena de tres años y un día.

Posteriormente, al corroborar la Justicia de que Machado no estaba cumpliendo con esa condena -como lo indica la ley-, es que se dictaminó que tendrá que cumplir aquella pena (que dura hasta el 9 de junio de 2025) en cárcel efectiva.

La jueza de Garantía de Concepción, Claudia Castillo, señaló que la situación "es grave, insisto, porque no solamente no cumple (la condena), sino que durante el período de cumplimiento se ve involucrado en un hecho ilícito grave (homicidio del cabo Palma), en donde tiene actualmente, la calidad de imputado. Por lo tanto, lleva la razón el Ministerio Público".

"A mí me parece que todos estos antecedentes demuestran no solo que no hay predisposición al cumplimiento, (sino que) no hay cumplimiento de los objetivos del plan. Por lo tanto, el tribunal hace lugar a la petición del fiscal. Se revoca la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, y lo que se ordena finalmente es el cumplimiento efectivo de la pena", añadió la magistrada.

En tanto, el fiscal adjunto de Concepción, Jorge Lorca afirmó que Lugo Machado "no cumplió ninguno de los objetivos del plan, quebrantó todas y cada una de las finalidades que tenía, que son la reinserción social. No tenía domicilio fijo, no se presentó a las entrevistas con su delegado, tampoco presentó un contrato de trabajo y tampoco se presentó a los encuadres para capacitación que impone la ley 18.216".

"Evidentemente, todas esas circunstancias, y además verse involucrado en un hecho de las características que actualmente lo imputan, en que está como principal blanco de una investigación grave, hicieron mérito para que el tribunal decretara el quebrantamiento", agregó el persecutor.

Lorca reafirmó que "las personas que no tienen condenas anteriores tienen derecho a reinserción social, el Estado garantiza a todas las personas la posibilidad de reinsertarse socialmente", y Lugo Machado "cumplía los requisitos".

"En la modificación de la Ley de Control de Armas se estableció expresamente que estos delitos tienen penas sustitutivas de libertad vigilada intensiva; cumpliéndose los requisitos, se le otorga y se le da la posibilidad", cerró.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FISCALÍA DE TOMÉ

Jurídicamente, este caso de porte de armamento está respaldado. Sin embargo, existen dudas respecto una detención posterior a haber recibido esta condena y beneficios, en donde Lugo Machado fue detenido en la comuna de Tomé con droga, y allí, el Ministerio Público decidió no seguir persiguiéndolo.

Por lo tanto, a raíz de esta situación, es que el fiscal nacional Ángel Valencia informó -durante las últimas horas- de que administrativamente se van a buscar responsabilidades al interior de la fiscalía de Tomé.

Debido a lo anterior, la fiscalía regional del Biobío confirmó el inicio de una investigación administrativa al respecto.

La misma fiscal jefe de Tomé, Sandra Véjar, llevó adelante la accidentada indagatoria por la desaparición de Sergio Mardoff, cuya familia ha solicitado destituir a la persecutora regional, Marcela Cartagena, debido a una serie de irregularidades en causas de la zona.

El padre de la víctima, Sergio Mardoff, recordó que "tenían el ADN de mi hijo, toda la vestimenta que correspondía a él; (su cuerpo) estuvo tres años en el Servicio Médico Legal, ella estuvo en mi casa, y según ellos, no sabían cómo encontrarnos. A dos días de ser sepultado como indigente y ser un desaparecido, si no es por la persona que se digna a comunicarnos, no habríamos sabido nunca más de él".

"Estas cosas no pueden suceder, menos en el momento que estamos viviendo", enfatizó.

Desde la Cámara de Diputados, que debe reunir 10 firmas para llevar la petición a buen puerto, Eric Aedo (DC) dijo haber expresado al fiscal nacional su preocupación por el desempeño en el Biobío, "no sólo en casos dolorosos donde lamentablemente no ha habido justicia, como es el de Tomás Bravo, sino que en el de este ciudadano extranjero que es parte -probablemente- del ataque que terminó con la vida del suboficial Palma, y que no fue apresado en el momento oportuno".