Hassler enfrentó duros cuestionamientos en primera reunión de Concejo tras fracaso de su Clínica Municipal
En la víspera, la PDI incautó aparatos tecnológicos de alcaldesa y parte de sus colaboradores.
Tras la salida de funcionarios clave, la parte querellante anunció medidas "para que esta desvinculación no se lleve a cabo, sino que se hagan valer las responsabilidades como tienen que ser".
Contraloría realizará un sumario para determinar responsabilidades administrativas por la adquisición con sobreprecio y, además, por el incumplimiento de "la instrucción de congelar acciones para materializar la compraventa".
En medio de cuestionamientos internos, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (Partido Comunista), lideró este miércoles su primer Concejo Municipal tras la fallida compra de la exclínica Sierra Bella, que hoy la tiene imputada en una investigación que dirige el fiscal Centro Norte, Patricio Cooper.
Seis días atrás, la Contraloría General de la República publicó un lapidario informe donde objetó en duros términos el proceso de adquisición por "precio injustificado".
A raíz del documento, Hassler desvinculó a dos funcionarios: el abogado jefe de la Unidad Jurídica, Jean Pierre Chiffelle, y el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Luis Mayorga, lo que finalmente ratificó durante el Concejo, como también que desistirá de la compra. Y pese a que con estos despidos se desprende de dos cercanos colaboradores, con ello evitó que se efectuaran sumarios a su labor en este cuestionada transacción que finalmente se frustró.
La alcaldesa Hassler, asimismo, anunció tres medidas que tomarán desde el municipio tras este episodio: se van a instruir los sumarios correspondientes; la desvinculación de los responsables en el municipio y el inicio de acciones legales; y el fortalecimiento en la infraestructura de la salud pública de la comuna.
No obstante, en la reunión no se dio espacio para la hora de incidentes, instancia donde los concejales pueden abordar temas que no están en la tabla. Por lo tanto, no hubo momento para referirse o realizar preguntas sobre este hecho, lo que generó la molestia de algunos presentes.
"Son reacciones lamentables por parte de esta alcaldía, de esta administración, el no permitir una hora incidentes. El temor es tal que la alcaldesa ayer se negó a entregar su dispositivo móvil particular", reprochó el concejal Juan Mena (Independiente).
"En mi intervención del último punto en tabla le pedí que de manera extraordinaria nos diera un tiempo. Eso era voluntad política y lamentablemente cerró rápidamente el Concejo Municipal. Ni siquiera me contestó y es lamentable", expresó la concejal Rosario Carvajal (Independiente).
OTRAS PESQUISAS
Ayer, efectivos de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpieron en las dependencias de la Municipalidad de Santiago con el fin de lograr la entrega voluntaria de aparatos tecnológicos de la jefa comunal y parte de sus colaboradores.
Hassler colaboró con la pesquisa, aunque aseguró que no ocupa celular institucional, por lo que se negó a entregar el teléfono personal.
"No es una buena señal que no se entregue lo que requiere Fiscalía para la investigación. Si aquí no hay nada que ocultar, por qué no entregar un celular", cuestionó Carvajal, una de los concejales que manifestaron reparos a la compra de la exclínica.
La edil indicó que "el informe de Contraloría es muy categórico; por lo tanto, se tienen que investigar tantos las responsabilidades administrativas, que es lo que hace Contraloría, como las responsabilidades penales".
El diputado Juan Irarrázaval (Partido Republicano), querellante en la causa, señaló que "la Contraloría ordenó el sumario y la alcaldesa respondió con la desvinculación de ellos. Nosotros estamos estudiando las medidas para que esta desvinculación no se lleve a cabo, sino que se hagan valer las responsabilidades administrativas como tienen que ser; no solamente como salidas políticas, cortando el hilo por lo más delgado".
"Nosotros perseveramos en que este delito está consumado, que la compra está hecha, porque hay un contrato firmado y hoy día la Municipalidad tiene un problema, porque la contraparte perfectamente le puede exigir que cumpla el contrato y eventualmente van a tener multas", sostuvo el parlamentario.
En tal caso, "vamos a apelar a que ningún peso del presupuesto municipal vaya a pagar esas multas, comisiones, etcétera, sino que quienes respondan sean precisamente los responsables penales y administrativamente", advirtió el legislador.
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) confirmó que ya recibió el informe de Contraloría y que designará a un abogado que llevará el tema a su Comité Penal, donde analizarán si estos y otros antecedentes reunidos por el Ministerio Público son suficientes o no para establecer la comisión de un delito y eventualmente presentar una acción penal.