INDH manifestó su preocupación ante proyecto que tipifica como delito la migración irregular a Chile

Durante esta jornada se dieron a conocer distintas repercusiones respecto del proyecto presentado principalmente por parlamentarios de oposición -que ya fue aprobado en su idea de legislar por la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja- y que apunta a tipificar como delito el ingreso al país por pasos irregulares y también a quienes intenten hacerlo por la vía regular, pero por medio de documentos falsos.

Ante esto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) manifestó su preocupación debido a eventuales efectos de criminalizar a víctimas de trata y tráfico de personas.

"La preocupación que tenemos respecto de este proyecto es que hay una criminalización indeterminada respecto del ingreso de migrantes sin la documentación adecuada por los pasos irregulares. En estos dos casos, trata y tráfico, las personas llegan sin documentos, sobre todo en trata, porque les quitan los documentos", afirmó la presidenta del organismo, Consuelo Contreras.

"Se calcula que hay cerca de 1.500 mujeres en situación de trata, especialmente de nacionalidad venezolana y colombiana, y niñas desde los 14 años", agregó.

El proyecto -que establece penas de 61 a 540 días de presidio- también ha generado resistencia y observaciones por parte de organismos internacionales, particularmente agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

"No hay evidencia de que la criminalización de la migración irregular o la detención de migrantes por motivos migratorios sea eficaz para el control de los flujos migratorios", dijo ante la comisión el representante en América del Sur de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

"La experiencia es que las políticas enfocadas en la detención de migrantes en situación irregular, en lugar de disuadirlas, las empujan hacia los canales más peligrosos, hacia las manos del crimen organizado", añadió el funcionario.

Por su parte, Rebeca Cenalmor, jefa de la Oficina Nacional de Agencia de la Onu para Refugiados, indicó que vulneraría tratados internacionales, porque "la redacción actual del proyecto constituye una flagrante violación al derecho de buscar y recibir asilo, y al artículo 31 de la Convención de 1951, el cual prohíbe sancionar a las personas refugiadas simplemente por causa o entrada que presencie irregular".

VISIONES CONTRAPUESTAS

Desde el oficialismo, el diputado independiente Jaime Araya, de la bancada del PPD, que aceptó firmar también la iniciativa, reconoció haberla aprobado con dudas sobre su redacción y consciente de que debe ser mejorada.

En la oposición, en tanto, la diputada Flor Weisse, de la UDI, defendió que "frente a la crisis que hoy día tenemos de seguridad claramente hay que hacer algo y no quedarnos solo con el diagnóstico, que ya es archiconocido, sino que avanzar. Necesitamos hacer algo; algo que endurezca efectivamente las penas si se pueden aplicar, pero sí debería ser una ley que debería actuar de manera preventiva o disuasiva".

Bajo la misma línea, el parlamentario RN por la Región de Antofagasta, José Miguel Castro, se abrió a la posibilidad de mejorar el proyecto y recalcó que "es mi gente la que vive con los problemas gigantescos de la migración ilegal. A nivel educacional y salud, estamos completamente colapsados en nuestra región".

Una visión totalmente opuesta mostró la diputada independiente y abogada defensora de los derechos humanos Mercedes Bulnes, de la bancada de Apruebo Dignidad: "Este proyecto de ley es malo del comienzo al final. No es perfectible. La única perfección sería suprimir la penalización".

"Nos estamos exponiendo no solamente a que esta ley sea declarada inconstitucional, sino que, además, a toda suerte de condenas internacionales", alertó la legisladora.

Expertos han explicado también que las penas de hasta cinco años de presidio por delitos cometidos por extranjeros pueden ser cambiadas por expulsión y, por lo mismo, advierten que el procedimiento judicial que se propone en este proyecto de ley es mucho más engorroso que la expulsión administrativa.

Así lo propone la especialista Claudia Cárdenas, directora del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, porque "para los extranjeros las penas de hasta cinco años, como las previstas en este proyecto, se pueden sustituir por una expulsión. En definitiva, se llegaría a ella, eventualmente, en un gasto de recursos estatales considerables".

"Si lo que se quiere lograr es una orden de expulsión, la vía administrativa en este caso es más efectiva. La vía penal por su naturaleza está diseñada como la más engorrosa", señaló.