Gobernador Orrego propuso ley antigrafitis: tipifica como delito los rayados a monumentos nacionales

Con apoyo de parlamentarios del oficialismo y de la oposición -que se comprometieron a presentarlo y promoverlo en el Congreso- el gobernador metropolitano Claudio Orrego propuso modificar la Ley de Monumentos Nacionales para tipificar el daño provocado por grafitis y aumentar las sanciones en caso de reincidencia.

El proyecto se origina en respuesta a la acción de Roberto Campos, conocido como el "profesor del torniquete", quien fue sorprendido rayando la Iglesia San Francisco de Santiago el lunes pasado, en donde se hizo la presentación de esta iniciativa.

"Queremos dar señales jurídicas claras de que nadie tiene derecho a dañar y a destruir lo que nos pertenece a todos, inclusive a las futuras generaciones. Este edificio, la Iglesia San Francisco, no solamente es un monumento histórico; es el edificio en pie más antiguo de la ciudad de Santiago", sostuvo la autoridad regional.

"Nosotros creemos que es importante que quien lo dañe y quien intente vandalizarlo tenga penas ejemplares. Y personas como el profesor que estuvo rayando mensajes de odio, que ya es reincidente en esta materia, tengan penas efectivas de cárcel", añadió.

La propuesta apunta a castigar con hasta cinco años de cárcel los rayados en monumentos nacionales y también una multa de hasta 12 millones de pesos. En caso de reincidencia, se mantendrá la multa mencionada, pero la pena de presidio podría aumentar hasta a 10 años de cárcel.

PARLAMENTARIOS PIDEN QUE SE SUME AL “FAST TRACK” DE SEGURIDAD

La iniciativa fue respaldada por el diputado Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, quien afirmó que esta situación "da rabia", por lo que "por un lado va a estar el proyecto de ley que va a ser suscrito por el diputado (Raúl) Leiva, por nuestra bancada también y esperamos por muchas bancadas independientes, para aumentar la pena al que se atreva a rayar un monumento nacional".

"Las iglesias no son solo de los creyentes, las iglesias son patrimonio de la ciudad, las iglesias atraen turismo", puntualizó el parlamentario opositor.

En esta línea, su par socialista Raúl Leiva, líder de la Comisión de Constitución, afirmó que "los daños a la propiedad privada vía rayados hoy están debidamente tipificados. Lo que nos falta es buscar elementos que permitan fiscalizar de mejor manera, establecer cuáles son los responsables y que existan penas aplicables y exigibles".

Los parlamentarios esperan que esta propuesta sea incluida en el "fast track" de seguridad que se discute en el Congreso.

Por su parte, José Osorio, miembro de la directiva del Barrio Yungay e integrante del Consejo de Monumentos Nacionales, puntualizó que "existiendo hoy día un espacio para la sanción, no hay capacidad de fiscalización porque no se ha puesto al centro las medidas y la capacidad de sancionar y eso implica tener una planta de fiscalizadores, profesionales que de algunas forma se hagan cargo de este tema, que es un tema muy sentido por la comunidad".

"En una primera instancia, en la medida que haya capacidad de poder encontrar al responsable en flagrancia, pillarlo en algún acto, se debe generar -primero- la posibilidad de que a través del trabajo comunitario, la reparación incluso de ese mismo rayado por cuenta de la persona que lo realiza", añadió.