Caso FAM: Militares (r) devolverán dineros para suspender investigación por fraude al Fisco
Cuarenta y cinco exmiembros del "Fondo de Ayuda Mutua" que operaba en Coyhaique llegaron a un acuerdo con la Fiscalía.
Deberán restituir, en conjunto, 170 millones de pesos en un plazo de dos años.
Los exuniformados que no se acogieron a la suspensión condicional del procedimiento seguirán siendo investigados por el Ministerio Público.
Más de 170 millones de pesos deberán devolver, en conjunto, 45 militares en retiro, exmiembros de la IV División de Ejército en la ciudad de Coyhaique, luego de que aceptaran una propuesta de acogerse a la suspensión condicional del denominado caso FAM.
La sigla corresponde a un "Fondo de Ayuda Mutua" que existía en el Ejército: una asociación donde los funcionarios aportaban mensualmente recursos para apoyar económicamente a quienes jubilaran o se retiraran de la institución.
Los dineros se recaudaban directamente por la planilla de pago de sueldos, y en 2018, tras ser denunciada su existencia ante Contraloría, se ordenó su cierre.
Como un número importante de exmilitares perdió los recursos aportados, el Ejército decidió, a modo de reparación, recontratarlos a honorarios, y les pagó salario por labores que no realizaban, lo que dio origen a una investigación por fraude al Fisco.
DOS AÑOS DE PLAZO
Son dichos dineros los que ahora deberán reintegrar los militares, que durante un plazo de 24 meses permanecerán con la causa suspendida, en medida en que cumplan con el acuerdo avalado en tribunales. De lo contrario, se reabrirá la investigación en su contra.
La audiencia se realizó el jueves en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, y uno a uno los exfuncionarios castrenses se fueron acogiendo o rechazando la propuesta.
Quienes la aceptaron deberán reintegrar al Fisco los dineros que percibieron al ser "recontratados". Los que no, del total de 51 imputados, seguirán siendo investigados por el Ministerio Público.
Para acceder al beneficio judicial, los imputados debieron aceptar las condiciones del Ministerio Público. "La propuesta de suspensión es por un lapso de 24 meses", indicó el fiscal Luis González.
Durante dicho plazo se deberán devolver los dineros percibidos de forma indebida, y los implicados deberán firmar trimestralmente en la Fiscalía.