Francisco Frei no se entregará voluntariamente a la justicia
La Corte de Apelaciones revocó su libertad condicional y ordenó cumplir la pena de cinco años en la cárcel.
Hoy, su abogado comunicó que recomendó al hermano del expresidente no presentarse ante la justicia.
Francisco Frei Ruiz-Tagle no se entregará voluntariamente ante la justicia, como recomendó su abogado, luego de que ayer la Corte de Apelaciones revocara su libertad vigilada y lo obligara a cumplir la condena de cinco años en prisión.
El abogado Juan José Rondón confirmó que "don Francisco Frei, a propósito de la resolución que dictó ayer el Séptimo Juzgado de Garantía -la cual salió a los pocos minutos de conocerse el fallo del alzada-, mantiene una orden de detención vigente en su contra que está siendo diligenciada por ambas policías, Carabineros y PDI. Y por recomendación mía, él está en un lugar seguro aguardando lo qué va a suceder con su suerte procesal en un futuro".
En conversación con La Tercera, Rondón remarcó que el hermano del expresidente "no se va a entregar voluntariamente, porque es algo que yo le recomendé, yo lo decidí y él acogió mi sugerencia".
Para el letrado, "la condición de prófugo no existe. El derecho que él tiene es a la libertad. Todo individuo tiene el derecho humano a la libertad y él está haciendo goce de ese derechos, sobre todo cuando hay arbitrariedades tan grandes como el fallo de alzada".
En marzo pasado y en un juicio abreviado, el tribunal acreditó los delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, giro doloso, uso malicioso de instrumento público y privado mercantil falso y delito de la ley de almacenes generales de depósito.
Frei Ruiz-Tagle aceptó en ese entonces los cargos en pos de obtener una pena en libertad.
Sin embargo, el tribunal de alzada sostuvo en su fallo de ayer que "la variedad y multiplicidad" de delitos que por 14 años cometió el exdirector de TVN hacen evidente que "tuvo un total desprecio por las normas jurídicas y una actitud refractaria frente el sistema legal chileno".
El caso contra el ingeniero comenzó el 16 de agosto de 2019, cuando se autodenunció por irregularidades financieras a través de Inversiones Saturno, empresa del exmandatario, quien le había confiado la administración.