Tohá y polémicos contratos en el Minvu: El mal uso de recursos no se combate desfinanciando políticas sociales

La ministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó en Cooperativa el uso de la polémica por los contratos firmados por militantes de Revolución Democrática con el Ministerio de Vivienda como una razón para no apoyar las reformas impulsadas por el Ejecutivo, como la tributaria o la previsional.

En diálogo con El Diario de Cooperativa, la ministra aseguró que "más que hablar de lo que complica, lo que hace el gobierno es ocuparse del problema. A nosotros nos parece que cualquier situación que ponga en duda el uso de los recursos públicos o que genere las suspicacias que ha generado este caso merece atención y merece respuestas categóricas".

"Más allá de las acciones que anuncia algún diputado, la Fiscalía ya está investigando esto, ya lo anunció. Desde el momento en que la Fiscalía está investigando es porque existen sospechas de delito (...) ahora, la posibilidad no es lo mismo que la certeza, eso es algo que se puede investigar, es algo que los antecedentes deben esclarecer y si lo hubo, ciertamente se deben tomar las medidas del caso", destacó.

Tohá añadió que "el ministro ha dicho algo muy importante y es que las platas de este traspaso, de esta subvención, que no se hayan ejecutado, deben restituirse y si no lo hace la organización, el Ministerio va a iniciar las acciones para que sea compelida a hacerlo".

Al ser consultada sobre un posible rechazo a iniciativas impulsadas por el Ejecutivo aludiendo a esta situación, la secretaria de Estado aseveró que "creo que ese argumento equivale a una nueva excusa. El mal uso de los recursos se combate con transparencia, se combate con leyes que controlen la administración, no se combate desfinanciando las políticas sociales, no se combate con recursos insuficientes para mejorar la pensión en salud o para tener recursos para las policías o para combatir el delito".

"La corrupción, el mal uso de los instrumentos, tiene sus instrumentos y sus instrumentos no son desfinanciar las prioridades del gobierno, las prioridades de la sociedad o los derechos de las personas que tienen justas expectativas de recibir mejores servicios y de tener prestaciones que les den mayor seguridad", agregó.