Acusado de integrar Sendero Luminoso pasará 15 años en prisión
La Justicia condenó a Edgar Alejo Eduardo, imputado por haber participado del Comité Regional Hualla del grupo terrorista entre el 2011 y 2012.
La Fiscalía aseguró que logró demostrar que el sujeto "trabajó bajo las órdenes del camarada 'Artemio'", cabecilla de la guerrilla en esa zona.
La Justicia de Perú condenó a 15 años de prisión a un hombre acusado de haber integrado el grupo terrorista Sendero Luminoso en la zona selvática del Huallaga, informó este sábado el Ministerio Público peruano.
La condena fue dictada contra Edgar Alejo Eduardo por el delito de afiliación a una organización terrorista, por haber integrado entre 2011 y 2012 el Comité Regional Huallaga de Sendero, que era dirigido por el cabecilla Florindo Eleuterio Flores Hala, el camarada "Artemio", agregó la información oficial.
Flores Hala fue el último miembro histórico del comité central de Sendero Luminoso en ser detenido por las fuerzas de seguridad peruanas, en febrero de 2012, tras lo cual fue condenado a cadena perpetua por los delitos de terrorismo agravado, narcotráfico y lavado de activos.
Las autoridades señalan que la detención de este líder regional significó la derrota de Sendero en el Huallaga, que en el año 1992 vio caer a casi toda su cúpula con el arresto en Lima de su líder y fundador, Abimael Guzmán, quien estuvo en prisión hasta su muerte, en septiembre de 2021.
Alejo Eduardo también deberá pagar S/10 mil de reparación civil a favor del Estado por los hechos acreditados en su contra por el fiscal adjunto superior Renato Vargas Isla.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 1, 2023
La acusación del caso de Alejo Eduardo fue hecha por el fiscal adjunto Renato Vargas, de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, quien aseguró que al momento de los hechos el condenado tenía 18 años y usaba los alias de camarada "Jhon" o "Huancapae".
El tribunal a cargo del caso también ordenó que el sentenciado pague 10.000 soles (al rededor de 2,2 millones de pesos chilenos) en concepto de reparación civil a favor del Estado.
La Fiscalía aseguró que durante el desarrollo del proceso se demostró mediante testimonios, actas de reconocimientos fotográficos y otras pruebas que el acusado "trabajó bajo las órdenes del camarada 'Artemio'".
Esto permitió a los subversivos realizar una incursión armada en una planta productora de palma de aceite en la localidad de Cepesa-Tocache, en la región selvática de San Martín, "para privar de la libertad a trabajadores de esa empresa".
El Ministerio Público reafirmó su compromiso "con la investigación y el logro de condenas por delitos vinculados a la vulneración de derechos humanos" en el país andino.