Gobierno anunció equipo para la probidad e integridad entre instituciones privadas y el Estado
Tiene 45 días para identificar las debilidades y fortalezas, proponer un mecanismo eficaz y modificaciones a la gobernanza, junto con sanciones más drástica en caso de irregularidades.
La conformación del grupo se da en el marco del caso convenios, por los montos transferidos por el Serviu de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva.
El Gobierno anunció este lunes la conformación de un equipo de expertos y expertas para la probidad e integridad para generar el marco de un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro que colaboran con el Estado, en el marco del polémico caso convenios.
La ministra vocera, Camila Vallejo, explicó que el grupo "tiene como plazo 45 días para cumplir con los objetivos para los que se le ha convocado".
Dichos objetivos son identificar fortalezas y debilidades en la relación entre el Estado y estas organizaciones; proponer un mecanismo que asegure una mejor eficacia y modificaciones a la gobernanza, a la transparencia y eficiencia de estas corporaciones. Además, revisar mecanismos de control y de rendición de cuentas y proponer sanciones más drásticas en caso de irregularidades.
El número de los integrantes del grupo y los nombres de quienes lo compondrán aún no está determinado.
Además, indicó que los requerimientos de información relativos a la indagatoria serán entregados "con cinco años de antigüedad: esto tiene que ser caiga quién caiga".
POSIBLE SALIDA DE PATRICIO FERNÁNDEZ
En paralelo, respecto de las exigencias de organizaciones de Derechos Humanos de la renuncia de Patricio Fernández como asesor del Gobierno para la conmemoración de los 50 años del golpe militar, la ministra dijo que una cosa es que reflexionar o evaluar sobre el desempeño de un gobierno y que otra distinta es justificar o relativizar las dictaduras.
En ese sentido, enfatizó que el llamado a todos, "incluído Patricio Fernández", es a reflexionar y fortalecer sobre la importancia de la democracia.
Pese a esta postura del Gobierno, la salida sigue siendo pedida por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, quien aseguró que Fernández es "una persona que no tiene empatía y que tiene una una visión totalmente distinta, incluso una negación soterrada en el tema de derechos humanos".
Debido a esto, afirmó que "no debe ni puede estar en la responsabilidad que tiene que ver con la conmemoración de lo que fue el golpe civil militar".
"El señor Patricio Fernández no representa en forma cabal a quien condene sin ambigüedades y tenga claridad absoluta de que el golpe de Estado no es un tema de historiadores", señaló, por su parte, la diputada comunista Carmen Hertz.
La situación también fue abordada por el propio Fernández, quien aseguró que en su cargo busca "tratar de ayudar en que haya una conmemoración lo más inclusiva, amistosa, reflexiva y productiva posible" sobre el golpe de Estado, por lo que "todo lo que sea útil para eso está muy bien, y lo que sea inútil o dificultoso para eso que se solucione".
"No solo no soy negacionista, sino que soy un activo corrector de eso", cerró.