Democracia Viva debe devolver 391 millones de pesos, el 92% de los convenios con el Minvu
La Seremi de Antofagasta determinó que la fundación alcanzó a ejecutar el 8 por ciento de las platas de los contratos, que originaron el escándalo que ya salpica a varias regiones.
"Necesitamos todos los recursos disponibles para mejorar la vida de quienes viven en campamentos", enfatizó el ministro Carlos Montes.
Luego de que en la víspera el Gobierno confirmó que la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta puso término a los tres convenios que mantenía con Democracia Viva, por un total de 426 millones de pesos, la repartición determinó que la fundación deberá devolver el 92% de esas platas a las arcas fiscales.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo ayer que la Seremi dictó el último lunes, 10 de julio, la resolución que dio por finalizados anticipadamente los contratos -que fueron el origen del caso convenios-, y que además ordenó la liquidación del contrato y la restitución de los dineros.
Hecha la liquidación, Democracia Viva tendrá que devolver 391.768.516 pesos, que corresponden al 92% de los fondos transferidos por los convenios: "A la fecha, los recursos correctamente rendidos, no observados y ejecutados por parte de la fundación, alcanzan, justamente, un 8% del total", detalló el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), publica hoy Emol.
En ese marco, recordó, "el 21 de junio, a los pocos días de conocerse este caso, públicamente solicité a la fundación poner fin al convenio y que restituyera los dineros asignados, porque necesitamos todos los recursos disponibles para mejorar la vida de quienes viven en campamentos".
A partir de ahora, la ONG, representada legalmente por Daniel Andrade, exmilitante de Revolución Democracia y expareja de la diputada Catalina Pérez, tiene un plazo de 30 días para concretar el reintegro de las platas fiscales.
"Estos hechos deben ser investigados, porque dañan a la fe pública y enlodan a personas e instituciones. Por eso hemos entregado todos los antecedentes a la Fiscalía y a la Contraloría, para aclarar estas situaciones e implementar las medidas suficientes para evitar que se repitan", enfatizó Montes.