Superintendencia investiga a tres universidades con graves crisis financieras

La Superintendencia de Educación Superior (SES) se encuentra investigando por déficit financiero a las universidades Austral, de Aysén y Bolivariana.

A pesar de que el superintendente José Miguel Salazar asegura que, en general, el sistema tiene "buena salud", advierte que han detectado casos puntuales que están siendo abordados "para evitar cualquier riesgo que amenace el derecho a la educación de los estudiantes", según consignó La Tercera.

En tanto, el fenómeno más grave se acota a un grupo de instituciones que "presentan una gestión estratégica deficiente, que se refleja especialmente en que su capacidad para hacer un uso eficiente y bien planificado de sus recursos financieros debe mejorar considerablemente".

UNIVERSIDAD AUSTRAL

Entre los casos más complejos se encuentra la Universidad Austral -privada, con cerca de 17 mil estudiantes y miembro de la Red G9-, la que ha presentado endeudamiento y resultados financieros negativos desde hace algunos años. En 2022, la SES pesquisó que la casa estudios acumuló pérdidas por 17 mil millones de pesos, lo que en consecuencia casi 160 personas quedaron sin trabajo.

A raíz de la crisis, en julio renunció el prorrector Juan Andrés Varas, quien en su carta de despedida expuso que "la gravedad de la situación financiera de la corporación es bastante mayor que la tenida en vista cuando se formuló el presupuesto 2023". En su remplazo, asumió José Dörner, que señaló que sus principales tareas serían preocuparse de la respuesta formal de la SES y "analizar bien el plan de recuperación que se tiene que acordar con los reguladores".

Por su parte, la superintendencia pidió antecedentes a la universidad y a su vez formalizó cargos a la casa estudios por no informar oportunamente el incumplimiento de los compromisos financieros.

No obstante, la universidad dice que está trabajando en un plan estratégico de gestión y control de gastos, "para contener las pérdidas y poder sumar nuevos recursos". Además, esperan las propuestas de la SES para "avanzar en una agenda que asegure salir de la situación en que se encuentra".

En ese sentido, el rector Hans Richter precisó que hasta el momento la institución no ha recibido sanciones y que las razones de la crisis son "principalmente a causa de la alta inflación y de aspectos estructurales que se arrastran por alrededor de una década".

UNIVERSIDAD DE AYSÉN

La superintendencia señaló que la estatal Universidad de Aysén es un proyecto "en proceso de maduración", pero se encuentra en riesgo ya que sus estados financieros dan cuenta de un déficit de 415 millones a diciembre de 2021, lo que ha generado problemas para financiar la operación a corto plazo.Dado lo anterior, la rectoría barajó como solución traspasar 1.500 millones de proyectos puntuales para pagar remuneraciones, lo que no prosperó.

Producto de esto, la SES pidió información financiera para una auditoría orientada a conocer la dimensión del problema y proponer medidas.

En tanto, la crisis también llevó a que cinco parlamentarios de la región se reunieran con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, para solicitar una intervención a la casa estudios. Además, pidieron investigar eventuales irregularidades administrativas y financieras, luego de que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) sólo diera tres años de acreditación, señalando en el informe que la institución tiene sobredotación, infraestructura insuficiente, elevadas pérdidas operaciones, patrimonio decreciente y un escaso desarrollo en investigación.

Ante la situación, la rectora Natacha Pino dijo que están disponibles para colaborar con la SES "con todo lo que se requiera", y que el proceso ayudará a comprender el "quehacer de una universidad en una zona extrema como lo es Aysén, que tiene complejidades adicionales".

Por otro lado, el Ministerio Público inició una investigación por posibles vínculos de la rectora y parte del plantel con Democracia Viva, que hizo una escuela de verano y, además, Pino fue invitada a ser parte del consejo asesor de la fundación.

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

Por su parte, la universidad privada con casi 700 estudiantes ha sufrido una importante caída financiera en los últimos años, según consignó la SES, debido a una pérdida neta de 254 millones a junio de 2022. Desde el ente fiscalizador señalaron que el déficit se debe a la caída del 73% de las matriculas entre 2017 y 2022.

Estos problemas económicos han llevado a paros de funcionarios y el año pasado la institución cambió a su controlador. Desde ese momento, se registran cuatro rectores diferentes.

Igualmente, la CNA definió en 2022 que la universidad no cumplía con criterios para la acreditación obligatoria, por lo que quedó en supervisión del Consejo Nacional de Educación (CNED), que determinó no autorizar matriculas nuevas para este año.

La superintendencia en mayo instruyó un proceso de investigación con el que pudieron constatar incumplimientos laborales y falencias en materia de infraestructura.

La casa estudios por escrito reconoció al medio que está pasando por un estrés financiero -con un déficit global de casi 850 millones- debido a factores como la "debacle económica" producida por la pandemia, lo que generó una mora bastante alta de sus estudiantes.

No obstante, señaló que ante la desautorización de nuevas matrículas, presentaron un plan de mejora al CNED, el que aseguraron se observó, pero no ha sido rechazado.

Asimismo, afirman que se lo han informado al Gobierno pero "hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de ayuda, muy por el contrario, se nos ha ignorado completamente".