Conadi planteó "dimensiones críticas del mecanismo" en entrega de tierras ante Comisión para la Paz
La limitación de compra de ciertos terrenos ha generado "tensión de las comunidades en su relación con el Estado".
Aquello ha superado las capacidades de la Conadi, generando "insatisfacción en las comunidades por la lentitud de los procesos y la falta de soluciones eficaces".
La Comisión pidió información que no se encontraba sistematizada, como el tiempo que demora el trámite desde la aplicabilidad y la cantidad de años que transcurre hasta la compra.
El director de la Corporación Nacional Indígena (Conadi), Luis Penchuleo, y el fiscal nacional de la entidad, Álvaro Morales, abordaron las problemáticas más complejas del mecanismo de entrega de tierras ancestrales que han reclamado comunidades indígenas al Estado, en una exposición ante los miembros de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
Dicha instancia que fue anunciada por el Gobierno el año pasado y presentada en junio, tiene como fin proponer un plan para resolver los reclamos de terrenos.
En la cita del jueves ante los ocho comisionados, los responsables del organismo detallaron las "dimensiones críticas del actual mecanismo" para la devolución de tierras, así como "la demanda sostenida de aplicabilidad (reconocimiento del derecho para recibir tierras)", informó El Mercurio.
En la reunión, Penchuleo y Morales explicaron que mantener la tramitación de la solicitud "ha permitido la contención permanente de la presión por solucionar los problemas de tierras que presentan las comunidades" y afirmaron que "frenar las aplicabilidades no ha influido en la disminución de la demanda".
Al mismo tiempo abordaron la glosa presupuestaria que está vinculada con los recursos destinados para el fondo de tierra.
En ese sentido, aseguraron que la limitación de la compra de terrenos perturbados -usurpados o con ataques y/o amenazas- establecida en 2016, para el presupuesto del presente se sumó "una nueva condición que impacta en el cierre de procesos de un porcentaje significativo de comunidades que tuvieron solución parcial y mantienen reclamaciones pendientes".
PRESIÓN SOBRE CONADI, MECANISMO "INSUFICIENTE Y CUESTIONADO"
El contexto anterior "genera una nueva tensión de las comunidades en su relación con el Estado" y también aumenta "la presión sobre la Conadi", indicaron los representantes, reconociendo que otra problemática es que el organismo se ha convertido "en un mecanismo insuficiente y cuestionado".
La corporación "está en permanente estado de contención ante la presión por la demanda de tierras y excede el límite de sus capacidades para cumplir el mandato de la Ley Indígena", generando "insatisfacción en las comunidades por la lentitud de los procesos y la falta de soluciones eficaces frente a la magnitud del problema de tierras.
Por lo mismo, los representantes sumaron la urgencia para aumentar la capacidad operativa de la Conadi por falta de personal.
LOS DATOS ENTREGADOS SOBRE EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN
A la fecha y amparados por la Ley Indígena, 946 predios han sido comprados, sumando 220 mil hectáreas, que fueron traspasadas a 807 comunidades, beneficiando así a 23.411 familias. Una inversión para el Estado que supera los 555 mil millones de pesos.
De los predios comprados, 498 se concretaron entre los años 2011 y 2017, un periodo en que se concentra el 52% de las compras realizadas en tres décadas. Así, los años que tuvieron mayores adquisisiones fueron 2015 (84), 2012 (82), 2014 (79), 2016 (77) y 2013 (70).
Asimismo, entre 2003 y 2023 se inició 746 procesos de compra, de los cuales 172 tienen sus demandas cerradas, 323 pendientes y 251 en tramitación.
COMISIÓN SOLICITÓ INFORMACIÓN QUE NO ESTÁ DISPONIBLE Y PROFUNDIZAR EN CRITERIOS DE APLICABILIDAD
Con la presentación de la Conadi, la senadora Carmen Gloria Aravena (PRep) y comisionada dijo que "mucha de la información que teníamos se corroboró, pero el problema está en la información que no está disponible: Falta información histórica que está ordenada y digitalizada, lo que no tiene que ver con un determinado gobierno, sino que con una labor del Estado".
También señaló que su compañero de instancia, el senador Francisco Huenchumilla (DC), pidió "evaluar cuánto podría significar comenzar desde ya a sistematizar toda esa información".
Juan Pablo Lionelli, abogado y ex secretario ejecutivo de la multigremial de La Araucanía, reveló que en la próxima instancia con la Conadi se solicitó "profundizar en criterios para la aplicabilidad y mostrar los mapas de los títulos de Merced".
Entre la información solicitada está "el tiempo que demora una comunidad desde que empieza a tramitar la aplicabilidad hasta que la obtiene, la cantidad de años que transcurre hasta la compara de tierras y el número de hectáreas que se adquiere por familia", manifestó.